Los colegios privados podr谩n aumentar las cuotas y matr铆culas sin tener que pedir autorizaci贸n al Gobierno
El Gobierno derog贸 el decreto que impon铆a un estricto control sobre los aranceles educativos. Insisti贸 en la necesidad de proteger 鈥渆l principio de libre contrataci贸n鈥 para permitir que las instituciones definan sus precios 鈥渆n funci贸n de la competencia y las demandas del mercado鈥.聽
El Gobierno de Javier Milei decidi贸 eliminar las restricciones que reg铆an desde hace m谩s de tres d茅cadas sobre los aranceles de los colegios privados. A partir de ahora, las instituciones educativas podr谩n fijar libremente los valores de las cuotas y matr铆culas sin necesidad de informar previamente al Estado ni contar con su aprobaci贸n.
La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Bolet铆n Oficial, y establece la derogaci贸n del Decreto 2417/1993, que impon铆a un estricto control sobre los aranceles educativos. Aquella normativa exig铆a que los colegios comunicaran a las familias los montos de la matr铆cula y las cuotas, junto con los plazos de pago, posibles recargos y condiciones, antes del cierre del ciclo lectivo anterior.
Hasta ahora, ese procedimiento deb铆a completarse antes del 31 de octubre de cada a帽o, aunque recientemente el Ejecutivo hab铆a extendido el plazo hasta el 15 de noviembre. Adem谩s, el esquema anterior obligaba a los colegios a alcanzar un acuerdo con los padres o tutores respecto a los nuevos valores. Si no hab铆a consenso, los aranceles quedaban congelados.
Seg煤n argument贸 el Gobierno, el decreto derogado 鈥減resentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptaci贸n de los institutos privados a las realidades educativas y econ贸micas del pa铆s鈥. En ese sentido, el texto oficial subray贸 que la norma hab铆a sido dictada 鈥渆n un contexto normativo distinto, cuando la administraci贸n de la educaci贸n depend铆a del gobierno nacional y no de las provincias鈥.
El Poder Ejecutivo consider贸 que el traspaso de competencias educativas a las jurisdicciones provinciales, en el marco del principio federal, justifica la revisi贸n del esquema anterior y su adecuaci贸n 鈥渁l actual sistema de distribuci贸n de funciones鈥. A su vez, remarc贸 que la estructura de costos del sector 鈥渉a variado considerablemente desde entonces鈥, lo que vuelve necesario un marco m谩s flexible.
El documento oficial tambi茅n sostiene que la intervenci贸n estatal en la regulaci贸n de precios 鈥渉a tenido efectos contraproducentes鈥, ya que al exigir la presentaci贸n anticipada de las cuotas y matr铆culas 鈥渟e limita la capacidad de los establecimientos para adaptarse a las fluctuaciones del mercado鈥. Esa situaci贸n, seg煤n el texto, llev贸 a que muchas instituciones fijaran valores m谩s altos 鈥減or temor a enfrentar costos que luego no pudieran cubrir sin aprobaci贸n estatal鈥.
Desde la administraci贸n de Javier Milei se afirm贸 adem谩s que este mecanismo de control 鈥渢erminaba afectando a las familias鈥, quienes deb铆an afrontar cuotas m谩s elevadas al inicio del ciclo lectivo. Seg煤n el Gobierno, ello reduc铆a su margen de elecci贸n y, en algunos casos, las obligaba a cambiar de instituci贸n por razones econ贸micas.
El Ejecutivo agreg贸 que la exigencia de tarifas preestablecidas tambi茅n pod铆a repercutir negativamente en la calidad educativa, ya que los colegios 鈥渘o pod铆an responder con agilidad a los aumentos de salarios, insumos o gastos operativos sin previa autorizaci贸n estatal鈥.
En la fundamentaci贸n de la medida, el Gobierno insisti贸 en la necesidad de proteger 鈥渆l principio de libre contrataci贸n鈥, permitiendo que las instituciones privadas definan sus pol铆ticas de precios y condiciones laborales 鈥渆n funci贸n de la competencia y las demandas del mercado鈥. Seg煤n el texto, la eliminaci贸n de los controles busca fortalecer la autonom铆a de los colegios y garantizar su viabilidad econ贸mica en un entorno m谩s din谩mico y competitivo.