Los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones expresaron su preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025 del Gobierno, el cual regula la administración de bienes decomisados, al asegurar que esa decisión podría afectar la ley de autarquía del Poder Judicial.

En paralelo, defendieron la independencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a los cuestionamientos, reiteraron el reclamo de la “urgente necesidad de cubrir vacantes” y expresaron su preocupación por las intimidaciones sufridas por una jueza de Rosario. 

Estas posturas quedaron expuestas en distintos comunicados tras la Junta de Presidentes de Cámaras Federales Penales celebrada en Córdoba, en donde también se eligieron las autoridades y se hicieron una serie de consideraciones sobre los alcances del nuevo sistema acusatorio.

El juez de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, fue reelegido por unanimidad, en la reunión que contó con la presencia de los representantes de las cámaras federales de las distintas jurisdicciones. Entre ellos: Abel Sánchez Torres (Córdoba), Mariana Catalano (Salta), Rocío Alcalá (Resistencia), Silvina Andalaf (Rosario), Beatriz Aranguren (Paraná), Mariano Lozano (General Roca), Pablo Candisano (Bahía Blanca), Jorge Eduardo Di Lorenzo (La Plata) Ramón Luis González (Corrientes), Patricia Moltini (Tucumán), Mariano Llorens (Cámara Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires), Roberto Hornos (Cámara en lo Penal Económico), Marcelo Fernández (San Martín), y Juan Ignacio Pérez Curci (Mendoza).

Sobre las posturas mencionadas previamente, en primer lugar, los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones expresaron su “preocupación” por "las dificultades que se presentarán frente a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025, por el que se aprobó el Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”. 

"El nuevo régimen jurídico, lejos de disipar toda duda en la aplicación de mecanismos para la recuperación, administración y disposición de los activos provenientes de actividades ilícitas, genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias que atentan contra los mismos propósitos que inspiraron su dictado”, advirtieron.

En ese sentido, la Junta sostuvo que el decreto “soslaya la tarea llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en la materia y el reciente dictado de la Acordada Nro. 22/25, por la que se estableció el “reglamento de efectos secuestrados que no puedan secuestrarse a sus dueños y objetos decomisados”, ratificando decisiones similares adoptadas proactiva y consistentemente desde el año 1991. 

“Asimismo, podría afectar la Ley de Autarquía Judicial N° 23.853, en lo atinente a los recursos específicos y propios que componen el presupuesto del Poder Judicial de la Nación y al destino que debe dársele a ellos. A partir de ello, quienes suscribimos la presente propiciamos el diálogo institucional a todos los actores involucrados a que, sin mayores dilaciones, adopten acciones concretas para arribar a soluciones integrales”, remarcaron.

A su vez, expresaron su preocupación por la intimidación que sufrió la jueza federal de Rosario, Natalia Martínez. La Junta compartió su solidaridad y compromiso en defensa de la función jurisdiccional libre de presiones, amenazas o condicionamientos.

“Exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la magistrada y la de todos los integrantes del Poder Judicial. Confiamos en que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la unidad en defensa de la justicia serán el camino para superar este tipo de hechos que pretenden erosionar la vigencia de la ley y la paz social”, afirmaron.

En cuanto al caso “Levinas II” precisaron que, “más allá del respeto a las distintas opiniones, ideas o actitudes que pudieran sostenerse frente a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo "Ferrari c/ Levinas", ratificado en fecha 17 de julio pasado, en la causa "Haras El Moro S.A." -con la firma de los ministros Horacio Rosatti; Ricardo Lorenzetti y de los conjueces Dres. Patricia Marcela Moltini y Pablo Candisano Mera- reiteramos nuestra tenaz y consolidada posición orientada a preservar la institucionalidad, independencia y funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, como pilar fundamental del Estado de Derecho”.

“Entendemos que las meras descalificaciones, así como las constantes afrentas que ha recibido la Corte Suprema -ya sea integrada por sus ministros titulares o por quienes fueron seleccionados de manera transitoria para cumplir idéntica misión- menoscaban la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho”, añadieron.

La Junta, finalmente, manifestó su “inquietud por la actuación de fiscales coadyuvantes, auxiliares o interinos que no han cumplido con los requisitos constitucionales para su designación”, y llamó a cubrir vacantes. 

“La exigente demanda de tareas jurisdiccionales que implica la implementación del Código Procesal Penal Federal y la existencia de Juzgados, Cámaras Federales de Apelación y Tribunales Federales de Juicio sin cobertura de las vacantes existentes. Por ello, expresamos nuestra preocupación y reiteramos la urgente necesidad de cubrir las vacantes de jueces existentes en todas las jurisdicciones y especialmente previo a la implementación del Código acusatorio adversarial en los distritos aún pendientes”, completaron los jueces.