El ministro de Defensa, Luis Petri, dijo que la decisión de dar de baja a 23 militares que tenían sentencia firme por crímenes de lesa humanidad fue una orden del Poder Judicial y que su cartera sólo se encargó de llevarla a cabo.

 "La baja de oficiales retirados no es una decisión política, sino el cumplimiento de sentencias firmes en procesos que han agotado todas sus instancias de revisión y apelación. Son bajas ordenadas por la Justicia", aclaró el funcionario en un extenso mensaje que subió en sus redes sociales.

El pedido de baja había sido realizado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

 Petri remarcó que "muchos de los que hoy critican esta medida se rasgan las vestiduras hablando de división de poderes y República".

 

 

 

 "Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, pero cumplir con la ley no es una opción: es una obligación", argumentó el ministro, dando contestación al malestar que cundió en ámbitos vinculados a militares retirados tras conocerse la novedad.

Quizás para atender ese frente abierto, el funcionario ratificó que "la historia completa es uno de los pilares" de la gestión libertaria. Así se diferenció de la gestión kirchnerista y de la atención que durante ese período merecieron las víctimas de la represión ilegal, muchas de ellas aún desaparecidas.

 

 

 

 “Homenajeamos e indemnizamos a nuestros soldados en Formosa y los reivindicamos en Azul y en Villa María”, enumeró Petri en recuerdo de militares caídos en la década de 1970 por ataques subversivos.

 "Desmantelamos los ´grupos de trabajo´ parajudiciales que servían para perseguir a las Fuerzas. Impulsamos, junto al Ministerio de Justicia, el cierre de la CONADI", enumeró a modo de ejemplo.

Luis Petri también insistió en que el Gobierno asumió “el desafío de reconstruir la Argentina desde sus cimientos, revalorizando el rol de nuestras Fuerzas Armadas” y destacó que ello fue posible gracias a “el liderazgo de Javier Milei”. 

Condenados por delitos de lesa humanidad: quiénes son los 23 militares dados de baja

 

La baja fue dispuesta a través de la resolución 72/2025 del Ministerio de Defensa. En el texto se cita que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas comunicó que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al Derecho Internacional”.

 

 

 

La decisión afectó, entre otros, a Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en el centro de detención Automotores Orletti; Pascual Guerrieri, por su rol en el Batallón de Inteligencia 601 en los secuestros de los militantes que fueron parte de la contraofensiva montonera de 1979; Federico Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada; Héctor Salvador Girbone, condenado por sustracción de menores; y Horacio Losito, que habia sido beneficiado con la libertad condicional a pesar de tener tres condenas en su haber.

Según la Ley para Personal Militar, la baja implica la pérdida de estado militar. Esto quiere decir que ya no se los considera integrantes de las fuerzas y pierden derecho a sus jubilaciones.