Durante la movilización que impulsó el gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para este viernes a raíz de los más de 11 mil despidos que se reportaron en todo el país, se ejecutó una vez más el protocolo antipiquete del Gobierno que incluyó represión a los manifestantes y varios disturbios. 

Después de que el Ejecutivo anunciara alrededor de 70 mil despidos en el área estatal, ATE convocó una marcha masiva frente al Ministerio de Economía ubicado a pocos metros de la Casa Rosada.

Si bien, al igual que las anteriores concentraciones esta se llevó adelante con normalidad, la Policía de la Ciudad y la Federal se presentó una vez más con el objetivo de aplicar el protocolo propuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que se testeó por primera vez en la marcha del 20 de diciembre. 

Al ver que la cantidad de convocados desbordaba las calles, los uniformados formaron un cordón y comenzaron los empujones entre estos y quienes intentaban cortar el paso en la zona de Plaza de Mayo. El mismo procedimiento se llevó adelante el pasado jueves, cuando la masa docente asistió al Congreso mientras desarrolló un paro nacional de 24 horas para reclamar por el Fondo de Incentivo Docente y por la grave situación salarial. 

Después de los disturbios causados por la seguridad, el conductor del gremio de estatales, Rodolfo Aguiar adivrtió: "No vamos a parar de luchar hasta quitarle la motosierra y que empiece a cortar otras cabezas, que no sean la de los trabajadores y jubilados". 

En esa línea, Aguiar argumentó que el motivo de la convocatoria se debió a que "este fin de semana (largo) se recibieron miles y miles de telegramas de despidos", y aclaró, "en todos los casos ilegales y arbitrarios". Hasta el momento se contabilizaron 11 mil a lo largo de todo el país, de acuerdo a lo que explicó el gremialista. 

En esta línea, este viernes también se le exigió al presidente Javier Milei que elabore un listado de aquellos trabajadores a los que calificó como "ñoquis" y que fueron despedidos en el último tiempo. En caso de que no envie los nombres, Aguiar clamó por la restitución de los mismos. 

"Tiene que reinstalarlos en sus puestos de trabajo y determinar el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la no prestación de servicios".

Además, añadió que "resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado nacional el que puso en revisión la planta transitoria. Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente”.