El gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, presentó una apelación y pidió que se revoque el fallo del juez Roberto Gallardo que había ordenado que, en lugar de las fuerzas federales, la Policía de la Ciudad se hiciera cargo del operativo de seguridad en la marcha de jubilados de este miércoles. A la movilización se sumarán sindicatos nucleados en la CGT y organizaciones sociales.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya había anticipado que no acatará la decisión porque ese es su "deber" y denunció a Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de la Procuración General, el Ejecutivo porteño pidió que se revoque el fallo de Gallardo, al que consideró “nulo”, y solicitó también que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha.

“Una manifestación es un fenómeno dinámico; imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación", afirmó Jorge Macri.

Y remarcó: "Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre".

El recurso presentado por el gobierno porteño consideró improcedente la medida precautoria dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”.

 

 

En sus fundamentos, la Procuración General afirmó que el fallo de Gallardo es nulo y argumentó que la medida fue resuelta "sin la intervención previa del gobierno porteño, ni se garantizó el derecho de defensa".

“El juez se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la discrecionalidad técnica para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad”, agregó en la apelación.

Al cabo, hizo una advertencia sobre la medida dispuesta por Gallardo: "Afecta  el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas Federales y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad”.

El amparo que dio lugar al fallo de Gallardo fue presentado por Walter Gramajo, secretario general y representante legal de la UTEP, junto junto con Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de DDHH de la CGT y secretarios de UEJN. En el escrito, citaron el artículo 129 de la Constitución Nacional, donde se reconoce la autonomía de CABA.

Además, señalaron que el gobierno porteño cuenta con una fuerza de seguridad propia para actuar en situaciones de movilización -como la marcha de este miércoles frente al Congreso- y puntualizaron que la administración de Jorge Macri no adhirió al protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich a fines de 2023.