La jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, que ordenó la liberación de las 114 personas que fueron detenidas en los incidentes ocurridos en el Congreso de la Nación durante la marcha de los jubilados, a la que se sumaron barras de clubes de fútbol, argumentó que las fuerzas de seguridad no aportaron la información necesaria sobre los hechos.

La magistrada explicó en su resolución que la información remitida por las fuerzas de seguridad fue “deficitaria” y carecía de datos precisos sobre el lugar y las circunstancias de las detenciones. 

“No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’. Tampoco se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos con algún tipo de detalle”, sostuvo en su fallo.

La decisión provocó la reacción del Gobierno, que consideró que la medida debilita la lucha contra la violencia. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su rechazo a la resolución judicial.

“Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, aseguró el funcionario, que se sumó a las críticas que realizó horas atrás el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X.