La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que coordine el operativo de seguridad durante la marcha de los jubilados del próximo miércoles frente al Congreso de la Nación, que contará con la concurrencia de sindicatos agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), en el día previo al paro nacional convocado por la central obrera.

Además, determinó que el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, se abstenga de intervenir en la movilización “más allá de los límites de protección de intereses federales”.

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Así lo dispuso en un fallo el magistrado Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Capital Federal, al hacer lugar a una solicitud presentada por Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT; y Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Los argumentos de la Justicia porteña

“No se trata, entonces, de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”, argumentó Gallardo en su sentencia.

El juez agregó que “el riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”.

En esa línea, recordó que, “en los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”.

En las últimas protestas de jubilados, la represión por parte de efectivos de las fuerzas federales dejó decenas de heridos, entre ellos a Pablo Grillo, el fotoperiodista que recibió el impacto en la cabeza de una cápsula de gas lacrimógeno, tras lo cual fue internado en grave estado.

Precisiones sobre el pedido al que accedió la Justicia porteño

La resolución adoptada por Gallardo respondió al pedido de los dirigentes de la CGT y el jefe de la UTEP de una medida cautelar para “intimar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización” y para que, además, se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’, cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.

 

En la solicitud, citaron el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires; y los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior 24.059, que establecen cuándo pueden intervenir las fuerzas federales.