El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona anunció este martes que enviará un proyecto de ley al Congreso, que habilitirá a los jueces al decomiso anticipado de los bienes que son producto de delitos. "No podemos aspirar a insertarnos nuevamente en el mundo si no mejoramos nuestros indicadores de transparencia y lucha contra la corrupción", dijo el ministro durante una conferencia en el marco de la séptima edición del “Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations.

“No tiene sentido secuestrar un auto, un campo, dinero y tenerlo en un cajón o que le usen el auto, que se destruya y no pagan seguro a costo del Estado y al final del juicio, cinco o seis años después resolver finalmente el decomiso”, aseguró el funcionario a través de una videoconferencia, ya que se encuentra en el Reino Unido para participar de un simposio que se realiza en la Universidad de Cambridge.

Durante el evento organizado por el estudio de agobados Marval, O'Farrell, Mairal, Cúneo Libarona defendió además las políticas del Gobierno en la lucha contra la corrupción. "El Gobierno de Javier Milei quiere que haya un profundo cambio y convertir a la Argentina en un país serio en el largo plazo. Estamos achicando el Estado y eso en sí mismo es luchar contra la corrupción", sostuvo.

"Menos estado es menos delito", dijo el funcionario en la apertura del encuentro sobre compliance, anti-corrupción e investigaciones.

"Nuestra legislación es clara en referencia al tema del compliance. Están claros en nuestra legislación los alcances y las responsabilidades, tal vez falten incluir delitos como el lavado de dinero", afirmó Cúneo, y agregó: “Para mí el centro del tema está en impulsar programas de integridad con responsabilidades y procedimientos claros. Nuestra ley responde a los compromisos internacionales y es un avance en la lucha contra la corrupción pública y privada. Es una nueva cultura de cumplimiento positiva, que fomenta los valores éticos”.

Con respecto al decomiso anticipado, el ministro indicó: “Tampoco tiene sentido la acción civil que dura una eternidad. Yo creo que el decomiso se tiene que dar rápido y disponerse de ese dinero a los fines de la estructura judicial y al final del juicio si es absuelto, para no alterar el principio de inocencia y aparte porque es justo, que se le reintegre el valor obtenido pero no estar con bienes en depósitos o interdictados que no tienen ningún tipo de utilidad”.

“Yo creo y -sobre esto hablé mucho acá en en Cambridge- que es indudable que tenemos que reducir y apuntarle a los beneficios del delito. No puede el delincuente continuar con los frutos de su delito, esto lo ha dicho bastante bien la Corte y se acepta en la doctrina en general pero no se hace a cabo con toda la eficacia en la práctica”, dijo el ministro de Justicia. 

Y añadió: “Yo estoy convencido de que si al delincuente se le quitan los beneficios económicos no va a actuar. Si logramos sanciones y decomisos vamos a desalentar la delincuencia”, señaló Cúneo Libarona.

El funcionario abordó además el tema de la corrupción y contó que propuso que se cree una fiscalía especial de lucha contra esas conductas ilícitas. “En los primeros meses le llevé al procurador Eduardo Casal, con quien tengo tengo una cordial relación, la voluntad fundada -fueron ocho páginas- de crear una Fiscalía Especial de Lucha para la corrupción de la misma manera existe de trata, de lavado de género, y que funcionan realmente bien. No tuve recepción, me remitieron a la Procuración de Investigaciones Administrativas, la PIA, pero bueno…ese proyecto sigue en mi cabeza”, dijo Cúneo Libarona.

Anticipó que en el nuevo Código Penal lo primero que se va a hacer es ordenar las penas, que son “desproporcionadas” y “muy bajas” a los funcionarios públicos y a la criminalidad organizada. En ese sentido sostuvo que la pena debe ser no solamente proporcional al disparador de la acción y la conducta, sino dar ejemplo, que realmente sea efectivo. “No sirve un juicio eterno y que concluya con una pena en suspenso o una pena baja. Los tipos penales son muy muy bajos en función del disvalor de la conducta en sí.”

Asimismo anunció que se va a colocar como agravante en la parte general del Código que la acción típica la haya cometido un funcionario público, es decir que se van a agravar todas las conductas en las que el autor sea un agente de la administración pública.

En este sentido, aseguró que se van a crear delitos para castigar una especie de fraude, que es el nombramiento de una persona que acepta el trabajo en la administración pública y no va a trabajar. “Eso es muy habitual. Lo hemos detectado al asumir en la función pública y tiene que ser penado especialmente”.