El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, mantuvo una reunión institucional con los integrantes del Máximo Tribunal. Durante la audiencia, el ministro señaló: “Vinimos a expresar nuestra preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos 5 años”.

El citado encuentro se llevó a cabo en la sede institucional de la Corte Suprema, ubicada en el Palacio de Justicia, y contó con la presencia del ministro Soria, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Sobre la preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia, Soria recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri, “se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia. Todo ello, con el objetivo de llevar a cabo una persecusión de dirigentes políticos sin precedentes".

El Ministro recordó que “paradojicamente, el principal diseñador de la política judicial de Mauricio Macri, actualmente se encuentra prófugo de la justicia argentina en Uruguay.”

Más tarde, el funcionario apuntó también a la crisis de funcionamiento de la Corte: “No podemos permanecer callados ante lo sucedido. La Corte retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social, como el caso Blaquier o como hace ahora con el caso Maldonado. Mientras tanto, resuelve en tiempo récord fallos que sólo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi. La Corte tiene la posibilidad y la responsabilidad institucional de establecer plazos máximos para resolver, más aún cuando esta Corte resuelve más del 70% de los casos sin dar fundamentos.”

Ante esa situación, Soria hizo entrega de un pedido de informes presentado por organismos de las Naciones Unidas. El documento señala la “profunda preocupación por la ostensible demora en que viene incurriendo la Corte Suprema en resolver las causas de lesa humanidad” y recuerda que esas demoras “contravienen las obligaciones internacionales del Estado argentino” y “debilitan el estado de derecho”.

En la misma línea criticó duramente la “llamativa anticipación mediática de futuros fallos judiciales, tanto de la Corte como de los tribunales inferiores”.

La crisis judicial señalada por Soria quedó expuesta en septiembre pasado, con la traumática elección de autoridades de la Corte Suprema. “El pueblo argentino es profundamente democrático: si la máxima autoridad del Poder Judicial se elige con dos auto-votos, difícilmente la sociedad recupere la confianza en la Justicia”, agregó.

El ministro de Justicia sostuvo que “el Congreso puede sancionar todas las leyes que sean necesarias para reformar la justicia pero, si en última instancia, la Corte no tiene la voluntad y el compromiso de aplicarlas, seguiremos en la misma situación”.

Por último, Soria señaló que “necesitamos una justicia ágil, que trabaje de cara a la gente, con perspectiva de género y que se ocupe de los problemas que le preocupan al pueblo, que lamentablemente dejó de confiar en la Justicia como una institución capaz de responderle a sus demandas”.