Una treintena de entidades sindicales firmaron un documento con críticas a la política de ingresos del gobierno nacional, que fija techos en la homologación de las negociaciones paritarias. En ella cuestionaron la medición de la inflación y aseguraron que ese no es el único parámetro para medir el bienestar de los trabajadores.

"Por más que el Presidente festeje, la baja de la inflación en el bolsillo de los trabajadores no se siente", dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en relación a la suba de precios de 2,2% (la menor en casi cinco años) que el Indec midió en el mes de enero.

 

"En materia de ingresos, el gobierno se esfuerza en montar un relato que muestra un fuerte contraste con el día a día de la gente. La baja se logra con una brutal recesión. Con la cantidad de despidos producidos en el sector público y en la mayoría de los sectores privados, poco sirve que baje la inflación a aquellos que ni siquiera tienen salarios", agregó el sindicalista.

El documento fue firmado, entre otros gremios, por ATE (estatales), la Asociación Bancaria, Aceiteros, AGTSyP (Subte y Premetro) y AJB (judiciales bonaerenses). También lo suscribieron sindicatos médicos (AMM y AMAP), varias regionales de Luz y Fuerza y representaciones docentes de varias provincias.

El documento detalla que para la mayoría de la población, el 2,2% de inflación "no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontamos todos los meses con nuestros ingresos" y que el desfasaje "tiene una explicación clara: el Indec utiliza una metodología de cálculo desactualizada. El gobierno no se atreve a modificarlo porque develaría que la inflación es mayor que la publicada".

 

La declaración hace hincapié en la falta de actualización de la metodología del Indec, que se rige por una canasta de consumos de dos décadas atrás. Si se usara la más reciente, del año 2018, con mayor peso de los servicios en detrimento de los alimentos, la suba de precios resultante sería mayor. El organismo tiene todo listo para implementar el cambio pero falta el visto bueno del gobierno para avanzar por ese camino.

En ese marco, los sindicatos precisaron que "la mayoría de los especialistas coinciden en que existió un desfasaje cercano al 15% (en contra de los salarios) entre los datos oficiales y la inflación sufrida en 2024" y estimaron que un trabajador debería percibir $1.900.000 por mes "para asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión", rubros que en teoría debería cubrir el salario mínimo.