Los intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) pidieron hoy "ser escuchados" por el Gobierno nacional para que se "tomen medidas urgentes para frenar la catástrofe que se está viviendo" y reclamaron que "se respete la Constitución nacional, la división de poderes y el federalismo" en áreas como transporte, alimentos, educación, salud y obra pública. Luego de tres horas de reunión en la sede de la FAM, en el barrio porteño de Retiro, donde expusieron especialistas en educación y transporte, los intendentes coincidieron que "ante el panorama de mayor pobreza y altísima inflación, nos vemos en la obligación de alertar y exigir a las autoridades nacionales que tomen medidas urgentes para frenar la catástrofe que estamos viviendo". "Ante todo se deben respetar la Constitución nacional, la división de poderes y el federalismo", señaló la FAM, conducida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en una publicación en redes sociales. Los jefes comunales sostuvieron que "articular de manera colectiva, desde las gestiones locales, es nuestra prioridad hoy para dar respuestas urgentes a las demandas de las vecinas y vecinos de los municipios de todo el país, sin distinción ideológica ni partidaria". Durante el encuentro, el exministro de Transporte de la Nación Alexis Guerrera explicó las implicancias en el sistema de transporte público en todo el país de la eliminación del Fondo Compensador, mientras que el director de Educación y Cultura bonaerense, Alberto Sileoni, expuso sobre las consecuencias de la quita de los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). "Las jurisdicciones provinciales y municipales están siendo atacadas de forma inescrupulosa generando un impacto sin precedentes en la vida de cada ciudadano argentino", había advertido la entidad en esa oportunidad. Entre otros puntos, la Federación reprochó que el Gobierno nacional "no envía alimentos a los comedores comunitarios" y observó que "la demanda" en esos establecimientos "aumentó en un 30%, como consecuencia del incremento en el precio de la comida y la caída en los ingresos de la clase media y los sectores populares".

En materia de transporte, los intendentes nucleados en la FAM señalaron también que el Poder Ejecutivo cortó "todas las transferencias a las provincias" y cuestionaron esa medida al sostener que se tratar de una acción que afecta a "los millones de trabajadores, estudiantes y jubilados". Además de Espinoza, estuvieron los intendentes bonaerenses Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús), Gustavo Menéndez (Merlo), Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Achával (Pilar), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Gastón Granados (Ezeiza), Gustavo Barrera (Villa Gesell) Marisa Fassi (Cañuelas), Juan de Jesús (La Costa) , Juan Andreotti (San Fernando), Mario Secco (Ensenada), Juan Ustarroz (Mercedes) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), entre otros.

También participaron del encuentro la jefa comunal María Emilia Soria (General Roca-Río Negro), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Ricardo Lemos (Laguna Blanca-Formosa), Susana Zenteno (Valle Viejo-Catamarca), Matías Espejo (Jachal-San Juan), Martín Ascua (Paso de Los Libres-Corrientes), Roger Neadini (La Banda-Santiago del Estero), Pablo Graso (Río Gallegos-Santa Cruz) y Matías Stevanato (Maipú-Mendoza). Este encuentro de intendentes de origen peronista coincidió con otra reunión que se realizó en paralelo a unas cuadras del microcentro porteño de jefes comunales de Córdoba, Santa Fe y Neuquén, agrupados en la Red Federal de Intendentes. Allí, los jefes comunales no alineados con el peronismo kirchnerista marcaron que las próximas acciones son pedir una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero los intendentes justicialistas remarcaron que "el diálogo con el Gobierno está cerrado". Otras de las alternativas que se analizó es "avanzar con pedidos de partidas presupuestarias compensatorias desde el Congreso", aunque los intendentes peronistas observan un Ejecutivo nacional "muy encerrado en su idea" y "con pocas ganas de dialogar y negociar". Por último, la opción que estudian los jefes comunales es insistir con "un reclamo en la Justicia".