El gobierno y las provincias atraviesan otro frente de tormentas como consecuencias del freno a las transferencias a las cajas jubilatorias especiales, dispuesto por un DNU del presidente Javier Milei. Se trata de los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación.

Las partidas estaban previstas por presupuesto nacional desde el gobierno a provincias de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

 

Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley que establecía ajustar su monto con el índice de movilidad jubilatoria.

Desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley. El impacto es fuerte para las finanzas provinciales: lo que no pone la Nación lo deben aportar los tesoros provinciales.

Se prevé que la decisión pueda derivar en nuevas presentaciones judiciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Entre las provincias que salieron a protestar públicamente por la medida se encuentra Santa Fe.

 

El gobernador Maximiliano Pullaro dijo que el DNU configura una "apropiación indebida de fondos" y su secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, afirmó que el decreto es "otra trastada del Presidente".

Según el funcionario, la Nación "le debe a Santa Fe alrededor de 700.000 millones de pesos. Imagínense los santafesinos las obras que se podrían encarar con 700.000 millones".

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