El presidente Javier Milei finalmente envió este miércoles a la Cámara de Diputados su proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", conocida popularmente como "Ley Ómnibus", con el que pretende llevar a cabo importantes reformas en el Estado. 

Los siguientes son los puntos principales del proyecto de ley enviado por el Gobierno:

Declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Ese plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años. Delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias a las que se declaró en emergencia. Ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó el presidente Milei la semana pasada. Pide autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam. Suspende la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y establece que el Gobierno dará aumentos por decreto. Establecen sanciones de prisión para los organizadores de protestas que corten calles o rutas o obstaculicen el espacio público. Tendrán penas quienes generen disturbios y daños durante las manifestaciones, siempre que no estuvieren previstos en otros tipos penales. Concentra en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas. El proyecto establece criterios para la transparencia en las concesiones, los mecanismos de monitoreo, arbitraje y extinción de las concesiones. Los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios. Están previstos los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y habilitan a eliminar reparticiones con replica la de otros organismos o incluso de la justicia, como el INADI. Dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales con cargos eliminados por la reestructuración del Estado y les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.

 

Propone la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), y las primarias las tendrá que hacer cada partido político. Plantea la eliminación de las listas sábanas estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales. Propone que, para el financiamiento de las campañas, los partidos políticos deberán crear una cuenta corriente única por distrito en la que deberán depositar los fondos del partido político. Establece un sistema de regularización de las deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas al 30 de noviembre de 2023. Propone un blanqueo de capitales en la que podrá realizarse sin costo para los primeros 100 dólares y sobre habrá un alícuota sobre el excedente según cual fuera la fecha de exteriorización. Reforma el impuesto de bienes personales y establece una unificación de la cuota cualquiera fuera la ubicación de los bienes. Establece las alícuotas para las retenciones agropecuarias y allí se impone un 33% sobre los derechos de exportación a la soja. Establece el libre comercio internacional de hidrocarburos y prohíbe la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción. Modifican la ley de Biocombustibles para permitir libre comercio de biocombustibles, en términos de precio y aprovisionamiento. Unifican los Entes Reguladores del Gas y la Electricidad para el control de las empresas concesionarias y licenciatarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. El proyecto establece transferir en enero del 2025 el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transfiere a la Ciudad de Buenos Aires la justicia con competencia local, que hoy sigue bajo la justicia nacional. Propone que el Poder Judicial y el Poder Legislativo tengan también una Oficina Anticorrupción, que actualmente alcanza sólo al Poder Ejecutivo. Establece que los alumnos de la secundaria deberán rendir un examen integrador al finalizar la educación secundaria. Instaura un proceso de evaluación continua de los docentes y eliminan las restricciones a la educación a distancia. Prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes. Introduce el concepto de divorcio simplificado para aquellos que forman parte del acuerdo entre las partes al admitir la simple inscripción en el registro civil. Limita el sistema de subsidios al 50% de la producción en el INCAA, ya que se establece que el beneficiario debe tener financiamiento equivalente al solicitado al Instituto.