La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró este jueves que “no existe un plan de liberación generalizada de presos” por parte del Gobierno nacional en el marco de la pandemia por coronavirus y, tras remarcar que “es el Poder Judicial quien toma la decisión” de otorgar prisiones domiciliarias, aseveró que "nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos" a la calle.

Ante el debate por las prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia por Covid-19, Losardo reafirmó este jueves que "el Poder Judicial es quien toma la decisión de detener gente, enviarla a un centro de detención o excarcelarla" y aclaró que "no es un tema del Ministerio de Justicia".

“La posición del Gobierno la definió el miércoles el Presidente; no existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular. Nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos", agregó la ministra y aseguró que, desde el Poder Ejecutivo, "no se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas".

 

Así Losardo estuvo en sintonía con el presidente Alberto Fernández, quien el miércoles a través de Twitter aseguró que “en la Argentina, la solución del problema está en manos de los tribunales" y sentenció que "son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades".

Luego, en declaraciones a Radio 10, Losardo insistió: “Es el Poder Judicial el que define si hay personas detenidas que corren riesgo de contagio y por eso deben continuar cumpliendo su condena en un domicilio con una tobillera electrónica”.

Ante los planteos de distintos sectores sobre la falta de insumos de control, la ministra aseveró que “hay tobilleras electrónicas y dispositivos de control”.

En cifras, Losardo sostuvo que “se ha generado una situación que no es la real por un temor fundado o por falta de conocimiento” porque de un total de 12.579 detenidos en el sistema federal de todo el país, "salieron 320 con prisión domiciliaria y lo determinó el Poder Judicial”.

 

 

 

En entrevistas radiales, la ministra aclaró que, desde el Poder Ejecutivo, “no podemos decirles al Poder Judicial lo que deben hacer; solo le damos la información que requieren; desde el Gobierno nadie puede definir liberar presos”.

En tanto, desde la oposición, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo este jueves que “es indignante que salgan los presos a la calle mientras la gente está encerrada por la cuarentena”.

"Aunque entendemos perfectamente que hay que tener cuidado y evitar más contagios, esto no significa dejar un delincuente en libertad. Por eso, creemos que la solución a esta demanda tiene que ser sanitaria", sostuvo en una conferencia de prensa que brindó esta mañana.

También diputados nacionales de la UCR aseguraron este jueves en un comunicado que “es inconcebible que se otorguen prisiones domiciliarias a personas privadas de su libertad que han cometido delitos graves, como femicidios y violaciones”.

 

 

 

Por su parte, la jefa de PRO, Patricia Bullrich, dijo este jueves que los "presos de delitos aberrantes deben volver a la prisión" o a algún lugar especialmente preparado por el Estado "que no signifique estar a pocas cuadras de las personas que violaron o asesinaron".

En este sentido, propuso que, en casos excepcionales, se pueda trasladar a esas personas a "espacios como un hospital, Campo de Mayo o alguna fábrica cerrada donde se puedan armar espacios especiales para contener a los detenidos que necesitan distanciamiento social".

La eventual prisión domiciliaria de presos para evitar la propagación del coronavirus se discute en todo el mundo y en Argentina encendió un debate sobre los costos y beneficios de esta medida.

A favor se manifestó este jueves el ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, León Carlos Arslanian, quien opinó que los delincuentes beneficiados con prisión domiciliaria "son seres humanos y todos tenemos los mismos derechos a la vida y la salud" frente a la pandemia del coronavirus, incluso los represores presos.

 

 

 

Uno de los primeros en pronunciarse sobre esta posibilidad fue el presidente Fernández, quien días atrás había señalado: “Me preocupa la situación de las cárceles y vamos a tratar de tomar medidas sanitarias para evitar los contagios. Pero el tema de las excarcelaciones debe ser resuelto por la Justicia”.

En Estados Unidos, donde la población carcelaria es de más de 2 millones de presos y el virus ya tiene circulación masiva, comenzaron a excarcelar presos y a evaluar el mecanismo de la "liberación compasiva", un recurso del sistema que beneficia a los reos afectados en su salud.

En Irán, a mediados de marzo, liberaron más de 80 mil presos por los mismos motivos y en Italia liberaron a tres jefes de la mafia, mientras evalúan liberar a otros 70, mayores de edad o afectados por el virus.

En el Reino Unido fueron liberados 4 mil presos, de una población carcelaria de 84 mil, luego de que se verificaran cerca de 2 mil contagios en las prisiones, precisó un informe de la BBC.