La Cámara de Diputados envió esta jornada al Senado el proyecto de ley aprobado el martes pasado, donde se propone un nuevo sistema de actualizaciones de los haberes jubilatorios. Aunque se aguarda su sanción en el recinto, la iniciativa, que fue impulsada por el kirchnerismo y bloques dialoguistas, es rechazada por el Gobierno Nacional, que anticipó que será vetada.

Como bien se informó, el proyecto de movilidad jubilatoria logró una amplia mayoría en Diputados y está en condiciones de ser tratada por el Senado, donde sería aprobada con facilidad, ya que tendrá los 33 votos del Frente de Todos y del radicalismo y otras bancadas menores.

La iniciativa recibió 160 votos positivos contra 72 negativos y 8 abstenciones en la Cámara baja, una cifra que implica que la oposición alcanzó los dos tercios. Se trata de una mayoría que se requiere para rechazar un veto presidencial si el Gobierno utiliza esa herramienta, como anunció el presidente Javier Milei.

Aún así, el Gobierno cuenta con una ventaja en términos de plazos. En primer lugar, esta semana se llevará a cabo una sesión, lo que hace poco probable que la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, envíe el proyecto a las comisiones pertinentes para su análisis. Además, la próxima semana está marcada por tres feriados: el lunes, el jueves y el viernes, lo que hace poco probable la convocatoria a comisiones. Todo apunta a que todo estará dispuesto para la última semana de junio.

Si la estrategia del oficialismo es prolongar el proceso, podría llevar a cabo reuniones informativas y convocar a expertos, lo que permitiría extender los plazos. Las comisiones pertinentes para el debate del proyecto serían inicialmente las de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador jujeño de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, y la de Trabajo y Previsión Social, encabezada por la senadora del Pro, Carmen Alvarez Rivero, de Córdoba.

Sin embargo, una vez que el proyecto pase por esas instancias, irá al recinto, donde las cuentas indican que recibiría un amplio respaldo, ya que solo con los votos del bloque de Unión por la Patria y la UCR se asegura la sanción, alcanzando 46 votos, cuando solo necesita 37 para obtener la mayoría absoluta. 

Pero podría avanzar aún más para obtener los dos tercios. Los representantes misioneros del Frente para la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, junto con los del bloque Por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, y la senadora Mónica Silva, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, también podrían sumarse, lo que agregaría un total de 51 votos a favor. Además, con los tres senadores de Unidad Federal, Carlos Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra Vigo, se alcanzaría un total de 54 votos, superando ampliamente los dos tercios de la Cámara. Los únicos que se opondrían serán los 7 senadores de La Libertad Avanza y los 6 del PRO, aunque no hay certezas con respecto a estos últimos.

Todo indica que se avecina un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El Presidente de la Nación ya expresó su intención de vetar la ley, refiriéndose a los diputados que la votaron como "degenerados fiscales". Además, la maquinaria del oficialismo se ha lanzado a señalar que la norma atenta contra el programa económico que lleva adelante el Ejecutivo, ya que representa un costo fiscal del 0,45% del PBI.