Por segunda vez, la Cámara de Diputados no pudo tratar el proyecto denominado “Ficha Limpia”, que impide las candidaturas a cargos electivos de ciudadanos que tengan una sentencia judicial en su contra confirmada en segunda instancia. 

La iniciativa tenía el respaldo del bloque del PRO, que la había impulsado a través de la diputada Silvia Lospennato, y de La Libertad Avanza. Sin embargo, ninguno de los bloques que apoya al Ejecutivo pudo presentar asistencia completa: se ausentaron ocho representantes libertarios, más otros siete de Encuentro Federal, tres del PRO, dos de la Unión Cívica Radical y dos de Democracia para Siempre (el grupo que se separó de la UCR). 

Con el previsible faltazo de Unión por la Patria, que esperaba a ver qué hacía el oficialismo, el intento naufragó, ya que sólo asistieron 116 de los 129 diputados necesarios para iniciar la sesión. 

Este mapa, tan parecido al de la semana pasada, cuando tampoco hubo quórum, enardeció al expresidente Mauricio Macri, quien había exhortado a su bloque a lograr la media sanción. 

En un amargo posteo en las redes sociales, el líder del PRO se preguntó: “¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados?”. 

“Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro”, fue la amarga queja de Mauricio Macri. 

En el entorno del exjefe de Estado sospechan que el fracaso se debe a un acuerdo tácito entre Unión por la Patria y el mileísmo para evitar que se convierta en ley. Sólo así se explica que el debate del proyecto se haya caído dos veces.

También hubo lamentos de parte de Silvia Lospennato, quien dio su opinión durante las expresiones de minoría, como se llama a los discursos en el recinto que se pronuncian cuando la sesión no se concreta por falta de quórum. 

“No creemos en las casualidades ni en los imprevistos. La semana pasada, con buena fe, creí que efectivamente había diputados que habían tenido imprevistos. Y la verdad, tengo que decir que hoy me siento burlada, para no decir una mala palabra”, afirmó la diputada macrista.

El proyecto modifica el artículo 33 de la ley 23.298 e incluye entre los impedidos para presentarse en elecciones generales nacionales (e incluso en primarias) a “las personas que se encuentren condenadas a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso” por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero y la integridad sexual. 

También hace extensiva la prohibición a “los autores de conductas o acciones cuyo reproche habiliten la apertura del juicio político en su contra, u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública, aun cuando los mismos, renuncien tempestivamente a los fines de evitar su sustanciación”.

La disposición regirá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”, según el dictamen de mayoría. 

En Unión por la Patria creen que se trata de una maniobra burda para habilitar el “lawfare” (la persecución política a partir de procesos judiciales digitados) y proscribir a Cristina Kirchner, quien fue condenada en segunda instancia por la Causa Vialidad. Por eso el bloque presentó un dictamen de minoría exigiendo que el impedimento sólo tenga vigencia para condenados con fallo firme de la Corte Suprema.