La reforma judicial avanza en el país, de la mano de un proyecto que pronto presentará el Gobierno, pero mientras esto sucede, en los distintos fueros, incluso en la Corte Suprema, las causas son manejadas de manera discrecional, con intereses no tan claros, según denuncia una nota periodística de El Cohete a la Luna.

Como anticipó BAE Negocios, el punto central de la reforma apuntará a la reorganización del sistema federal. El Presidente lo definió como un “reordenamiento”. Sólo su circulo cercano conoce en detalle el proyecto que Alberto Fernández enviará al Congreso.

Según El Cohete a la Luna, el proyecto ya está redactado y sólo falta ajustar pequeños detalles. Incluye la fusión de distintos fueros: contencioso administrativo federal con civil y comercial federal (como ocurría hasta hace unas décadas), federal penal con penal económico y con parte de penal de instrucción. La otra parte de penal ordinario pasaría a la capital autonomista y las modificaciones en el funcionamiento de la Corte Suprema quedarían para más adelante.

Pero en relación con la Corte Suprema, el artículo publicado denuncia que este tribunal está envuelto "en nubes de humo, por una causa sin gravedad institucional y con mínimo interés tributario para el Estado".

Precisamente, la nota detalla las dificultades por las que pasa una tabacalera nacional. A continuación, los textuales de El Cohete a la Luna sobre una causa que envuelve a la industria del tabaco:

"A partir de la crisis de fin de siglo, algunas pequeñas tabacaleras se forjaron un nicho en ese mercado con cigarrillos de bajo costo, comenzando por el azotado conurbano bonaerense. Pero en 2017, el entonces Presidente Mauricio Macri promulgó una nueva ley de impuestos internos, que rebajó las alícuotas para las marcas más caras del duopolio y las incrementó para los cigarrillos low cost, al establecer un impuesto mínimo por paquete, que se actualiza cuatro veces al año por inflación, un privilegio que pocos sectores consiguieron. De este modo achicó la diferencia de precios, protegiendo a quienes se llevan la parte del león".

"Uno de los productores pequeños, Tabacalera Sarandí, obtuvo una medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley a sus productos hasta que se resolviera la cuestión de fondo, que es su pedido de inconstitucionalidad de tres artículos de esa ley. Luego de un rechazo en primera instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió la medida hasta que se dicte la sentencia definitiva o hasta que se cumplan los seis meses que puede durar una cautelar contra el Estado. La AFIP llegó a la Corte Suprema en queja, luego de que la Cámara rechazara su recurso extraordinario".

"Lo razonable en un caso semejante sería rechazar la queja porque no se opone a una sentencia definitiva o porque al vencer el plazo semestral la cuestión se tornó abstracta, y dejar que el caso siga su curso en las instancias inferiores. Pero el presidente de la Corte dispuso que se solicitara opinión a la Procuración General. A instancias de quien ocupa el cargo en forma interina, Eduardo Casal, la procuradora de derecho público no penal, Laura Monti, dictaminó que debía rechazarse la cautelar, porque no estaba demostrada la verosimilitud del derecho invocado, lo cual constituye una afirmación subjetiva, ni el peligro en la demora. En otras causas, Monti favoreció el tarifazo del gas" (dictaminando que debía pasar a otro fuero) y el blanqueo de capitales por parte de los familiares del Presidente (negando personería para impugnar el decreto al entonces diputado denunciante, Felipe Solá). Rosenkrantz firmó un voto de acuerdo con la opinión de Monti.

"Rosenkrantz dijo que Corrientes era su lugar en el mundo, durante un Congreso de Derecho Administrativo realizado allí en 2018. Explicó que su madre es correntina y que hasta hoy su familia materna vive allí. Además, está vinculado con la UCR provincial y fue abogado del gobierno de la provincia. En Goya, Corrientes, tiene una de sus mayores plantas Philip Morris-Massalin Particulares, que amenazó con cerrarla y despedir a sus trabajadores como forma de presión. También el intendente de Goya pidió a la Corte Suprema que revoque la medida cautelar obtenida por Sarandí. En apariencia, el presidente del tribunal defiende el interés público, ya que la cautelar se dictó contra una medida de la AFIP y del ministerio de Salud de la Nación".

"En los hechos, la maniobra para voltearla es impulsada por los gigantes del negocio, Philip Morris-Massalin Particulares y British Tobacco-Nobleza Picardo, que no desean ceder ni un punto de su control oligopólico del mercado y son terceros interesados en el litigio, en apoyo de la AFIP. El ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein dijo que 'una de las medidas más disuasorias y efectivas contra la adicción y el consumo de tabaco son los impuestos; que no tienen solo un aspecto recaudatorio, sino que se comprueba que ayudan a aumentar los precios, ayudan a alejarse del tabaco y por ende tienen un impacto directo en la salud pública'. Un bello principio general que no se verifica en este caso, porque la reducción de la alícuota del 75% al 70% no deriva en un aumento de precios. Tampoco explicó por qué los cigarrillos del duopolio serían menos dañinos para la salud".

"Todas las partes juegan fuerte, pero el poder respectivo es asimétrico. La tabacalera estadounidense impulsó a fines del año pasado un proyecto de declaración de la Cámara de Diputados, cuyo principal argumento es que si los cigarrillos son más baratos se incrementa su consumo entre los más pobres y eso daña la salud pública. Como demostración de su poder de lobby, entre otros firmaron el proyecto legisladores del PRO (Martín Grande), la Coalición Cívica Libertadora (Vera González Orieta), la UCR (Eduardo Brizuela del Moral, José Cano), pero también del Frente para la Victoria (Napoleón Leavy, el actual ministro de Agroindustria Luis Basterra) y del justicialismo (Pablo Kosiner)".

"Para la defensa pública de sus intereses, Sarandí contrató al hiperactivo periodista español Paco Mármol, quien fue el representante de Telefonica en Telefé. Sus piezas publicitarias muestran que la ley impositiva del macrismo agrede a la pequeña industria nacional, en beneficio de las mayores compañías internacionales. Mármol escribió que 'el Imperio Philip Morris-Massalín es la mayor empresa tabacalera del mundo, con una facturación anual de unos 80.000 millones de dólares y unos beneficios de más de 7.500 millones de dólares en 2019'. Pero además la empresa denunció ante la Justicia federal a altos funcionarios de Macri, quienes utilizaron reportes e información desactualizada y falsa, para 'favorecer prácticas monopólicas, y que además obtienen voluntades de funcionarios que no defienden los intereses de un país, sino de empresas extranjeras acostumbradas a girar cientos de millones de dólares por año, durante muchas décadas".

"La ley sería un traje a medida para el duopolio. Entre esos funcionarios hay algunos de estrecha vinculación con Rosenkrantz. Por eso, en la República Autónoma del Cuarto Piso, se ironiza que las grandes tabacaleras llegan a la Corte con Abogado Federal Suficiente, un juego de palabras a partir de la jerga sobre el recurso extraordinario".

"Cuando su hija, Julia Rosenkrantz, ingresó al mayor estudio del país, Marval, O’Farrell & Mairal, el presidente de la Corte notificó que se excusaría en todas las causas que llegaran desde allí. Pero no lo hizo. Philip Morris-Massalin Particulares es un cliente histórico de Marval. Para que fuera menos evidente, el abogado del estudio, Gustavo Grinberg, abrió su propio bufete de modo de seguir representando a la tabacalera estadounidense. En el buscador de causas judiciales del fuero contencioso administrativo del Poder Judicial, el estudio Marval O’Farrell y Mairal sigue representando a Massalin en todas las causas tributarias".

"El otro tercero interesado es British Tobacco-Nobleza Picardo, representado en esta causa por Alberto Tarsitano, quien habitualmente comparte asuntos con Gabriel Bouzat, el socio histórico de Rosenkrantz, tal como se aprecia en este documento de la Corte Suprema".

"Como si todo esto no fuera suficientemente escandaloso, el Secretario Gustavo Naveira, quien redactó el borrador contra la cautelar por indicación de Rosenkrantz, contrató en diciembre de 2019 como secretaria letrada a Diana Queirolo, la abogada patrocinante de la AFIP contra la cautelar de Tabacalera Sarandí".