El gobierno nacional realizó una presentación ante la jueza Loretta Preska de Nueva York con la que intenta revocar un fallo condenatorio de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. El especialista Sebastián Maril dio a conocer el texto presentado por el gobierno argentino, en el que solicita que se evalúe un posible hecho de corrupción en la operación. 

“El gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, toma muy en serio todas las acusaciones de corrupción y está comprometido a investigar a fondo cualquier denuncia creíble. 

Debido a su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, la República apoyaría y cooperaría plenamente con cualquier investigación que el gobierno de los Estados Unidos pudiera llevar a cabo sobre los asuntos planteados por RA4ARG, sin perjuicio de sus argumentos de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las demandas de los demandantes en este caso”, señala parte del texto. 

Básicamente, el gobierno pide que “se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”. Maril indicó que Preska podría dictar una resolución entre hoy y mañana. 

De todas maneras, especialistas consideran que existen muy pocas posibilidades de que se revierta el fallo.

“Este hecho es conocido y ya fue traído a conocimiento del tribunal. Ya fue parte de la causa. Una vez cerrado un caso no se puede reabrir”, señaló Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. Licht consideró que ya “no hay más nada para hacer en el caso” y enfatizó que “es casi imposible que se revierta el fallo”. 

“Estamos en una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Es una sentencia que no admite ningún recurso”, insistió. La nueva instancia judicial se abrió tras una presentación ante Preska de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que pidió que se esclarezcan los hechos que derivaron en la estatización de la compañía.