La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse este jueves para continuar analizando las acusaciones contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. 

Luego de una primera sesión para fijar el organigrama y la metodología de trabajo, que tuvo lugar la semana pasada, en esta ocasión se expondrán, uno por uno, todos los pedidos de juicio político que involucran a Horacio Rosatti, presidente de la Corte, y a Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el resto de los integrantes.

Para ello se decidió que cada solicitud sea fundamentada por quienes presentaron el pedido. Por eso durante la jornada expondrán los diputados Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, del Frente de Todos; la senadora Juliana Di Tullio (quien lo hará como particular, ya que no forma parte de la Cámara baja); los representantes de la Asociación Argentina de Juristas y la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales; y la diputada opositora Paula Oliveto, de la Coalición Cívica.

La presentación de Oliveto despertó una fuerte discrepancia en el seno de Juntos por el Cambio, cuyos legisladores, si bien acudieron a la primera reunión de la Comisión, se abroquelaron en contra del juicio político y lo consideran como un ataque del Poder Ejecutivo a las instituciones republicanas.

 

 

 

Sin embargo, Oliveto es la autora de un proyecto presentado a instancias de su jefa política, Elisa Carrió, contra Ricardo Lorenzetti. Es sabido que “Lilita” siempre tuvo una mala opinión de la relación que el expresidente de la Corte mantuvo con el Ejecutivo de turno y por eso no quiere bajar su pedido de enjuiciarlo, aunque eso esté más cerca de la postura del Frente de Todos que de sus propios socios de JxC.

“El juicio político a Lorenzetti lo mantenemos, pero por nuestras razones, no por las del Gobierno. Cuando se inicia el juicio político se analiza juez por juez. Entonces nuestro bloque va a analizar que no es admisible a Rosatti, a Rosenkrantz y a Maqueda, porque es una embestida de Cristina (Kirchner) contra estos jueces por imparciales”, dijo Carrió en una reciente entrevista.

Pese a esa explicación, el PRO y la UCR no están de acuerdo con la estrategia de Carrió en ese punto. Se espera que antes de la sesión, prevista para este jueves a las 11, haya una reunión de los dirigentes de esas tres fuerzas para discutir ese punto.

 

Juicio político a la Corte Suprema: cuáles son las denuncias

 

El pedido más resonante para enjuiciar a la Corte fue formulado a fines del año pasado por el presidente Alberto Fernández, luego del fallo judicial que ordenó modificar los porcentajes de coparticipación federal en favor de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

Sin embargo, en la Comisión hay 14 proyectos diferentes que alcanzan a todos o a algunos de los integrantes del máximo tribunal. Varios de ellos se refieren a la resolución de modificar la composición del Consejo de la Magistratura, alterando una norma de funcionamiento que ya llevaba una década y media, y de vetar la designación de representantes a ese organismo realizada por la Cámara de Diputados, desconociendo así las potestades de ese cuerpo.

 

 

Entre otros causales de juicio político también se menciona el fallo que favoreció con el beneficio de doble cómputo de la pena a represores involucrados en causas de lesa humanidad y, en el caso de Rosatti, no haber usado las facultades que tenía como presidente del cuerpo para acelerar el tratamiento de esas causas.

Por último, también hay una denuncia sobre irregularidades en el manejo para la obra social del personal del Poder Judicial, que recae específicamente sobre Juan Carlos Maqueda.

 

Juicio político a la Corte Suprema: qué dice la Constitución Nacional

 

Según informó la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, luego de esta sesión habrá una más, el jueves 9 de febrero, en la que se resolverá si se elabora un dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema para ser tratado por el plenario de la Cámara baja.

 

 

De acuerdo al artículo 53 de la Constitución Nacional, la Cámara de Diputados tiene “el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.

 

 

De la misma manera, en los artículos 59 y 60 se establece que “al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados… Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”.