La Justicia volvió a intimar al Gobierno para que proceda a repartir en comedores y merenderos populares las más de cinco mil toneladas de alimentos no perecederos que permanecen retenidas en depósitos oficiales.

El juez federal Martín Cormick dispuso que "dado que la resolución del 12/07/24 ha quedado firme, se intima al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar documentalmente, dentro del plazo de 48 horas, el cumplimiento de lo ordenado en el punto 2 de dicha resolución".

En particular, el magistrado pidió que en ese plazo el Ministerio “acredite en forma documentada si los programas y/o planes (alimentarios) se encuentran ejecutándose -en forma normal y continua- o si existió alguna demora o contingencia”.

 

 

Además, el juez Cormick ordenó que "el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas enumerados en su presentación y que afirmó están vigentes", asegurando así la continuidad de los mismos.

El magistrado también le solicitó a esa cartera que responda “qué relación tienen los comedores con el convenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) vigente” y que se informe “la cantidad de personas que usufructúan los beneficios de tal convenio, detallando el comedor y/o merendero y su ubicación geográfica”.

Asimismo, Cormick exigió detalles sobre “la cantidad de personas titulares de Tarjetas Alimentar en el año 2023 y quiénes son las/los titulares a la fecha de este beneficio, en el año 2024, para conocer cuál es el grado de cumplimiento de la ayuda social que dice ofrecer el Gobierno a los sectores más vulnerables.

 

Causa alimentos: qué tiene que hacer el Gobierno para cumplir con el fallo judicial

 

Esto implica que la cartera a cargo de la ministra Sandra Pettovello debe repartir los más de cinco millones de kilos de alimentos que están en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.

 

 

La mayor parte había sido adquirida a través de compras y licitaciones realizadas por el gobierno de Alberto Fernández. Con el cambio de autoridades, la decisión política fue dejar de entregarlos y paralizar los programas.

La distribución de esos productos había sido solicitada judicialmente por el dirigente social Juan Grabois en febrero último. Para ese momento, el Gobierno ya había dicho que no pensaba repartir esa mercadería porque no quería que intervinieran los movimientos sociales que coordinan la actividad de esos merenderos y comedores populares.

 

 

 

Desde una de las entidades que había presentado la demanda judicial, la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), señalaron “que hasta ahora Pettovello no presentó ningún plan serio de distribución de alimentos y si no lo hace algún juez la va a terminar imputando por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

Esta decisión llega en un momento crítico para muchos ciudadanos que dependen de los centros comunitarios para su alimentación diaria. Muchos de ellos se encontraron con que la cantidad de gente que asiste creció fuertemente y al mismo tiempo dejaron de recibir alimentos del Gobierno.