El Gobierno continúa con su plan de ajuste del sector público. Este viernes, más de 100 trabajadores del ministerio de Capital Humano fueron notificados por correo electrónico sobre la no renovación de sus contratos, los cuales expiran el próximo 30 de septiembre. Esta medida es parte de la política estatal que busca reducir el personal en diversas dependencias, siguiendo lo que el presidente Javier Milei denominó su "plan motosierra".

Si bien las primeras notificaciones llegaron al ministerio de Capital Humano, donde varias áreas, incluidas las vinculadas a la secretaría de Cultura, están siendo reestructuradas o eliminadas, los gremios estatales anticipan que este recorte podría extenderse a otras dependencias. La Superintendencia de Servicios de Salud y otros sectores de la administración centralizada también estarían en la mira para nuevas reducciones de personal.

En total, son 65 mil los trabajadores cuyos contratos vencen el 30 de septiembre y que están en riesgo de perder sus empleos. Esta cifra generó preocupación entre los gremios, que temen una nueva ola de despidos masivos en el sector público.

Durante una conferencia de prensa reciente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el Gobierno revisa trimestralmente los contratos. “Trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso, y el 30 de septiembre todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso”, aseguró el funcionario. Sin embargo, no se brindaron detalles específicos sobre cuántos contratos no serán renovados.

Mientras tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declararon el estado de alerta y movilización. Según Ingrid Manfre, delegada de ATE, los despidos afectan gravemente áreas sensibles: “Se despidieron a trabajadores sociales, psicólogos y personas que hacen acompañamiento permanente en los territorios”. Entre las más perjudicadas se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos, donde 120 trabajadores quedaron sin empleo, y la Secretaría de Niñez, que sufrió 70 despidos.

El jueves, en señal de protesta, ATE organizó un paro en todas las dependencias estatales a partir de las 11 de la mañana, acompañado de una olla popular en la Plaza de Mayo. Este paro, además de los despidos, también responde a la propuesta del Gobierno de un aumento salarial del 2% para septiembre y un 1% para octubre, considerada insuficiente por los trabajadores.

Desde el inicio de su mandato, Javier Milei sostuvo que su administración busca reducir la cantidad de empleados públicos como una forma de mejorar las cuentas del Estado. A principios de junio, durante el cierre del Latam Economic Forum, el presidente ratificó su intención de despedir a 50 mil empleados más, aunque ese número no se concretó debido a las advertencias de algunos ministerios sobre el impacto que tendría en el funcionamiento de sus áreas.

Según datos del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA), en los primeros nueve meses del gobierno de Milei ya se registraron al menos 30 mil despidos en el sector público. Esta cifra podría aumentar si el Ejecutivo mantiene su ritmo de recortes. Además, en diversas empresas públicas se implementaron programas de retiros voluntarios, lo que redujo la cantidad de empleados de manera paulatina.