Desde el comienzo de su gestión, el gobierno de Javier Milei dejó en claro que no estaba dispuesto a seguir invirtiendo dinero del Estado en la obra públical. El propio Presidente había insistido durante su campaña electoral en deslizar sospechas de corrupción en esos trabajos y por eso anticipó que ese sería uno de los rubros en los que la motosierra iba a actuar con mayor severidad.

Ahora, 15 meses después, el Gobierno nacional resolvió avanzar con la creación de un nuevo sistema de contrataciones para la obra pública, flexibilizando las condiciones y algunos requisitos para incentivar una mayor participación de las empresas privadas.

El decreto 206/25, publicado este jueves en el Boletín Oficial, dispuso que la Oficina Nacional de Contrataciones diseñará, implementará y administrará una base de datos denominada Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), para concentrar la información de la inscripción de los interesados en contratar con el Estado.

El nuevo sistema reemplazará al viejo Registro de Constructores. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó los motivos del cambio, en el que ya venía avanzando, explicando que en el anterior Registro “el mecanismo era ‘ponderar las obras realizadas para el Estado’, con lo cual siempre ganaban los mismos independientemente que mantuvieran a sus empresas con patrimonios exiguos, cosa de nunca asumir pasivos relevantes”.

Además, expuso que “si a eso le sumamos el concepto de capacidad constructiva que iba eliminando empresas a medida que se iban adjudicando las obras, teníamos un cóctel ruinoso para los argentinos pero que era fiesta para la patria contratista”.

Por eso se decidió dar curso al nuevo sistema, en el que todas las empresas interesadas en asumir compromisos con el Estado deberán inscribirse.

El SICO tendrá bajo su órbita tres categorías de agentes que pueden asumir compromisos con el Estado: proveedores, contratistas de obra pública y concesionarios de obra e infraestructura pública.

Entre los datos que se pedirán a las empresas están la capacidad económico financiera, antecedentes, historial de procedimientos de selección en los que se hubieren presentado como oferentes, historial de contratos, incumplimientos contractuales y extracontractuales, en ambos casos por causas imputables al contratista, y sanciones de apercibimiento y/o suspensión.

Para evitar los vicios que, según la administración libertaria, poseía el sistema anterior, se determinó que para calificar a los contratistas se deberán prever criterios que contemplen de igual modo a las empresas nacionales y extranjeras y los antecedentes de obra pública o privada, a los fines de la determinación de la capacidad de ejecución referencial; y que no ponderen los compromisos de obras asumidos, eliminándose la capacidad de contratación referencial”.

Aunque el decreto tiene vigencia a partir de este viernes, se aclaró hasta que no se dicte la normativa complementaria relativa al SICO y se fije la fecha en la cual el nuevo sistema cuente con plena operatividad continuarán vigentes los regímenes de registro y/o inscripción previos.

Continuando con la valoración de la medida, Sturzenegger manifestó que se comienza a “esbozar los elementos de un sistema más transparente, competitivo, y con mayor protección para el Estado” y aseguró que “empieza a desgajarse el club de la obra pública que tuvo a los argentinos de rehén por 80 años. Gracias presidente Javier Milei por hacer lo que nadie pudo, quiso o supo hacer”.