Las causas de corrupción siguen impactando sobre la economía del país, especialmente en la obra pública. A las dificultades de muchas empresas para conseguir financiamiento en el exterior (no se dan créditos a firmas investigadas por este tipo de delitos) se sumó este martes un nuevo hecho: la empresa brasileña Odebrecht denunció discriminación por parte del estado nacional, y presentó una demanda judicial. Odebrecht -que fue en Brasil el eje de todo un esquema de corrupción de la obra pública, en un sistema que se reprodujo en nuestro país- planteó que el Estado le impuso una suspensión preventiva en el registro de contratistas de obra pública a mediados de 2017 y, por lo tanto, le impidió desde entonces competir en nuevas licitaciones basado en los casos de corrupción.

La compañía brasileña sostuvo que el Estado la discriminó porque no actuó de la misma manera ante las empresas locales que admitieron pagos ilegales ante la Justicia argentina, esta vez en el caso de los cuadernos