En una serie de operativos judiciales coordinados, el juez Ariel Lijo dispuso 14 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varias sedes del conurbano bonaerense, como parte de una investigación por "amenazas, extorsión y defraudación agravadas" que involucra a organizaciones como el CTD Aníbal Verón, Movimiento Evita, el MTL y la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores (LTDA).

Durante los allanamientos, realizados por la Policía Federal bajo la supervisión de la Superintendencia de Investigaciones Federales y la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos, se secuestraron numerosos elementos clave. Entre ellos se encontraron celulares, cuadernos, planillas y otra documentación relacionada con la administración de planes sociales y la organización de movilizaciones.

Según fuentes oficiales, los procedimientos se llevaron a cabo el miércoles en el marco de la causa número 130/2024, caratulada “N.N. S/ EXTORSION Y OTROS”. Esta acción surge después de denuncias recibidas a través de la línea 134, donde beneficiarios de planes sociales afirmaron haber sido coaccionados por líderes sociales para participar en protestas bajo amenazas de perder sus beneficios estatales.

La investigación también se enmarca en los conflictos entre el gobierno de Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con las organizaciones sociales que reclaman la distribución de alimentos en comedores comunitarios. Se han reportado diversas irregularidades en la entrega de estos alimentos, lo que ha exacerbado las tensiones entre las partes involucradas.

Las fuentes indican que el primer allanamiento se llevó a cabo en el primer piso de la calle Iguazú 622 en la Ciudad de Buenos Aires, "donde funciona un bachillerato para adultos y un centro de reunión relacionado con la agrupación MTL (Movimiento Territorial de Liberación)". Durante el procedimiento, se realizaron identificaciones con nombre, apellido y DNI de las personas referentes presentes en cada sede u organización, aunque no se secuestró documentación de las oficinas administrativas.

Entre los elementos incautados se encontraron teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones, chequeras, tarjetas personales de diversas entidades, y planillas utilizadas para registrar la asistencia en las marchas piqueteras y otras personas relacionadas con la investigación.

Los allanamientos no se limitaron al domicilio mencionado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que se extendieron a diversas localidades del conurbano bonaerense. Entre ellas se encuentran Guernica, perteneciente al partido de Presidente Perón, donde funcionaba una agrupación política asociada a un concejal local. También se realizaron procedimientos en sedes ubicadas en Tristán Suárez, Ezeiza, San Justo en La Matanza, Sarandí en Avellaneda, Rafael Calzada en Almirante Brown, Pablo Nogues en el partido de Malvinas Argentinas, y en Ingeniero Budge en Lomas de Zamora.

Durante el allanamiento en Ingeniero Budge, se incautó documentación relevante vinculada a las cooperativas, incluyendo fichas de afiliación pertenecientes a la UTEP (Unidos Trabajadores de la Economía Popular).