La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense manifestó su "preocupación" por la decisión del Tribunal Oral Federal Número 6 de la Ciudad de Buenos Aires de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en varias causas de lesa humanidad.

"Preocupa que se le otorgue este beneficio en este contexto, sobre todo cuando no existen motivaciones para que no cumpla las penas a las que oportunamente fue condenado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal", sostuvo el organismo en un comunicado.

El viernes, un Tribunal Oral Federal porteño concedió el arresto domiciliario al represor, aunque la medida no se hará efectiva porque tiene ese beneficio rechazado en otras causas penales en La Plata y Lomas de Zamora.

La decisión, adoptada por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), con sede en Comodoro Py 2002, dispone "conceder el arresto domiciliario" a Etchecolatz, de 91 años y alojado en el penal de Campo de Mayo, en dos causas penales a su cargo, según el fallo al que accedió Télam.

Etchecolatz cumple prisión preventiva en el marco del juicio por los centros clandestinos de detención El Infierno, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, debate que tiene fecha de inicio en el mes próximo, según informó un comunicado de la subsecretaría bonaerense.

El organismo expresó su "preocupación" aunque "el beneficio le fue otorgado en un expediente en el que esta Subsecretaría no participa", y recordó que Etchecolatz se encuentra "imputado en la causa que entrará en debate a fines de octubre en el TOF 1 de La Plata de la que esta subsecretaría es parte de la querella unificada con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación".

"Tampoco es justo dejar de recordar que recientemente el ex integrante de la Policía Bonaerense durante la dictadura cívico militar imputado y condenado fue beneficiado con esa morigeración de la pena y trasladado a Mar del Plata, lo que provocó la reacción negativa de la sociedad argentina que ya ha dicho Nunca Más", remarcó la Subsecretaría.

Agregó además que esa situación fue "revertida por instancias superiores del Poder Judicial comenzó de forma similar, con beneficios otorgados por distintos tribunales de forma aparentemente aislados pero que fueron escalonados y concluyeron con la excarcelación del represor".

"A días del inicio de un nuevo debate, es obligación de los poderes de Estado evitar que se generen situaciones que atenten contra el debido juzgamiento y condena de los crímenes de lesa humanidad, a los que la Argentina está obligado por las normativas internacionales que el país suscribe", se remarcó el comunicado.