En una manifestación de "repudio y rechazo" a los "aumentos desmedidos" de las tarifas de servicios públicos establecidos por el Gobierno de Javier Milei, un foro multisectorial que incluye pymes, comerciantes, universidades, jubilados, espacios culturales y clubes de barrio convocaron a un apagón nacional. Esta acción se realizará el jueves 31 de octubre, entre las 21 y las 21:10 horas.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el Polo de Cultura Emergente, ubicado en el barrio del Congreso, representantes de distintos sectores expresaron el impacto negativo que los tarifazos tienen en sus actividades. En los primeros ocho meses del año, las facturas de luz, agua y gas experimentaron un incremento del 179,9%, una cifra que duplica el Índice de Precios al Consumidor general.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, quien lidera la convocatoria, subrayó: "El tarifazo que viene aplicando el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo golpea a todos por igual. Universidades públicas, inquilinos, jubilados, clubes de barrio, electrodependientes, pymes, comercios... No se salva nadie. El ajuste de Macri queda chiquito al lado de lo que viene aplicando el Gobierno nacional. Las tarifas impagables son el golpe final para millones de familias que no pueden más".

El funcionario también hizo hincapié en que "los precios de la nafta, del alquiler, de la luz, del gas... Todo ha aumentado el doble de lo que ha subido la inflación según el Indec. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a exigirle al Gobierno que congele las tarifas públicas, que congele el boleto del transporte y que haga las inversiones para que la calidad de esos servicios sea la que se merecen los usuarios". 

Katopodis destacó su intención de seguir convocando a distintos actores de todo el país hasta frenar el tarifazo del Gobierno libertario.

Antes de que Katopodis tomara la palabra, representantes de diversas organizaciones compartieron sus experiencias respecto a cómo los tarifazos les han afectado. Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, comentó que la factura de luz de la institución pasó de 12 millones de pesos en diciembre de 2023 a 40 millones en enero y 80 millones en febrero, a pesar de contar con un presupuesto congelado. Esta situación desencadenó una crisis en la educación universitaria, lo que provocó dos marchas federales en reclamo de una ampliación del presupuesto durante el año.

Fernando Galarraga, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, resaltó que las políticas tarifarias del Gobierno están perjudicando a las personas con discapacidad y sus familias: "Las familias con discapacidad sufren un ataque furibundo a su situación. La discapacidad siempre viene de la mano de la pobreza, la marginalidad, la invisibilización. El Estado debe estar presente y hoy no lo está, y eso aumenta el grado de vulneración que viven muchas personas con discapacidad y sus familias".

Graciela Pampin, vicepresidenta de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País, enfatizó que los precios de las tarifas "sobrepasan toda posibilidad de pago. Se nos está negando lo básico. Pensar todos los días si comer o pagar luz o el gas provoca malestar y problemas muy serios en los jubilados y al mismo tiempo en los centros de jubilados, que son su contención para distraerse, porque van cerrando sus puertas".

"Por favor, tenemos que hacer algo para que las políticas sociales no se caigan. Estamos en una situación caótica; hay casos en los que en un PH con dos casas idénticas, a una le llega 8.000 pesos y a la otra 80.000", agregó.

Graciela Liberti, presidenta del club de barrio en Tres de Febrero, partido de San Martín, también compartió su preocupación: "Nosotros tratamos de unirnos como clubes para pedir una tarifa diferencial. Evidentemente esto nos afecta a todos, nosotros como club de barrio tenemos una cuota accesible, entonces estamos ante una dificultad muy importante. En el ejercicio contable del año pasado, la incidencia de los servicios era del 3,5% de nuestros ingresos; este año destinamos el 25% del presupuesto a pagar los servicios y no sabemos hasta dónde puede llegar"

"Es muy triste. Tenemos un rol social importante, pero vemos a un Gobierno que no cumple con el rol del Estado de contener a sus habitantes, más allá de que lo hayan votado o no", concluyó.