El Senado de la Nación aprobó esta madrugada el paquete fiscal con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos y luego se llevó a cabo la votación en particular con varias modificaciones propuestas por el oficialismo. Sin embargo, La Libertad Avanza sufrió duras derrotas en Ganancias y Bienes Personales.

Luego de aprobar por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de Bienes Personales del dictamen de mayoría fue rechazado con 37 votos contra 35 positivos. 

Por su parte, la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias ya tenía como destino la derrota. Fue por 41 votos negativos contra 31 positivos. Al oficialismo no le alcanzó con la exención del 22 por ciento dispuesta para las provincias de la Patagonia como carnada para abrochar más voluntades. 

El debate del paquete fiscal inició a las 3 de la madrugada de este jueves con el anuncio del dictamen de mayoría por parte del senador oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy), miembro informante de La Libertad Avanza y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Y a diferencia de la Ley Bases, que obtuvo la luz verde antes, la mayoría en favor del proyecto en general fue con el apoyo del senador Martín Lousteau (CABA). Los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano votaron de manera negativa y se plegaron a los 33 kirchneristas. 

Revés para el Gobierno

Pese a la sanción del proyecto, en la votación en particular el oficialismo sufrió un duro revés con el rechazo de los cambios en el impuesto sobre Bienes Personales y la restitución del Impuesto a las Ganancias.

La iniciativa buscaba establecer el impuesto al patrimonio para los bienes desde los $100 millones aunque en el caso de la casa habitación esa suma subía hasta los $350 millones. Las alícuotas eran iguales para los bienes radicados en la Argentina o el exterior.

Mientras que en Ganancias se pretendía alcanzar a quienes tengan un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados.

Cómo quedaron el resto de los artículos

En la votación en particular la Cámara alta aprobó el título de Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. También el régimen de regularización de activos (blanqueo).

El blanqueo fue de lo más analizado y se dieron varios cambios extra en el recinto pedidos por legisladores dialoguistas como el que elimina a los extranjeros, los bienes a nombre de empresas -testaferros- y se refuerza la exclusión de quienes tengan condenas. 

También con acuerdo del oficialismo, fue eliminado el artículo 111, que habilitaba al Poder Ejecutivo a incrementar los recursos públicos en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones y gastos tributarios y de beneficios impositivos. La medida fue aceptada por el Gobierno ante el pedido planteado por el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego). La modificación busca salvaguardar al régimen de promoción industrial de la provincia más austral del país.

Otro artículo que se modificó en consenso con el Poder Ejecutivo fue el que aumentaba las regalías mineras del 3% al 5%. Este incremento sólo aplicará para aquellos proyectos que no hubieran iniciado la etapa de explotación antes de la puesta en vigencia de la norma.

Monotributo social

El Senado, además, votó en contra del artículo 100 dentro del capítulo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes del paquete fiscal que preveía la prórroga del Monotributo Social. Esa norma, que no estaba incluida en el proyecto original y había sido agregada durante la discusión en Diputados, aseguraba la continuidad de beneficios para sectores de la economía popular que podían facturar por sus actividades comerciales abonando una mensualidad menor que el resto de los monotributistas.

De esta manera, los titulares de este régimen tributario simplificado para los trabajadores de menores ingresos y sin una facturación regular, pasarán de pagar $3.200 a $26.600 en la categoría más baja del monotributo general a los 90 días de promulgada la ley.

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