El gobierno salteño lanzó la licitación para instalar un alambrado de 200 metros de extensión en la frontera con Bolivia. La iniciativa forma parte del Plan Güemes, impulsado por la provincia y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y tiene como objetivo frenar el paso ilegal de personas y el contrabando.

El cerco de alambre se colocará en la frontera que comparten ambos países: la localidad salteña de Aguas Blancas y la ciudad boliviana de Bermejo, en el departamento de Tarija. Irá desde la terminal de colectivos hasta la oficina de Migraciones local.

"Del lado boliviano se construyeron controles estrictos, pero del lado argentino no había una delimitación clara", aseguró Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras del Ministerio de Seguridad, en diálogo con la prensa salteña. Desde diciembre pasado, agregó, un grupo de efectivos de fuerzas federales fue desplegado en Aguas Blancas, con la intención de reforzar el control en la zona.

Por su parte, Adrián Zigarán, interventor de esa localidad salteña, aclaró que la medida responde a una solicitud de la cartera encabezada por Bullrich. Además, explicó que el objetivo es impedir el paso irregular de personas hacia las embarcaciones que conectan ambos países por el río Bermejo y obligarlas a transitar exclusivamente por la oficina de Migraciones.

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"El plan es generar un cerrojo en forma de L, donde gendarmes y militares de la Prefectura Naval eviten que las personas circulen hacia el sur de la terminal; obligándolas a recorrer el perímetro del alambrado hacia la oficina de Migraciones”, puntualizó el funcionario. La obra será financiada por el gobierno de Salta y supervisa por el Ejecutivo nacional.

La respuesta de Bolivia

Mediante un comunicado, la Cancillería boliviana expresó su malestar por la instalación de los 200 metros de alambrado. "Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”, señaló la cartera encabezada por Celinda Sosa Lunda.

"Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, que "solicitará a través de los canales diplomáticos la información sobre este tema para emprender las acciones que correspondan".

 

En tanto, el ministro de Justicia, César Siles, calificó la iniciativa como una vulneración de los principios de convivencia pacífica y una posible contravención a los tratados internacionales.

“Consideramos que el mandato del presidente de Argentina es vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional. Esto iría en contra de los tratados internacionales”, expresó Siles, tras reclamar que organismos como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronuncien sobre el asunto.