La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó este mediodía una conferencia de prensa en Casa Rosada junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero. "Hemos recibido 80 mil llamadas que hablan de extorsión, aprietes, abusos sexuales, imposiciones", enumeró la funcionaria sobre las supuestas denuncias contra organizaciones, movimientos sociales y sindicatos que recibió el Gobierno nacional.

"No son gerentes de la pobreza, son gerentes de la explotación", apuntó Patricia Bullrich desde el Salón de Conferencias y reveló algunos de llamados, sin dar mayores detalles sobre los sindicatos y organismos acusados. "Los que manejan la política social se creen que tienen el poder de dominar y explotar a la gente", consideró.

En la conferencia de prensa, la funcionaria estuvo acompañada por su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el ministro de Seguridad chaqueño, Hugo Daniel Matkovich. Los funcionarios denunciaron además la existencia de una red de trata que operaba mediante planes sociales en Chaco.

De acuerdo a lo expuesto, la provincia estaba "comandada por un dirigente piquetero que prostituía mujeres a cambio de otorgar y administrar sus planes sociales".

Según se precisó en la conferencia de prensa, el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas con fines políticos, y sustraía parte del dinero suministrado por el Gobierno; y actualmente se encuentra detenido.

"Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este Gobierno. No más intermediarios", sostuvieron los ministros del Gobierno nacional.

"Estamos ante hechos gravísimos", describió Cúneo Libarona y señaló el "fraude con planes sociales". "Estamos concibiendo una figura delictiva, un tipo de penal especial vinculado a los intermediarios y el fraude con el dinero destinado a la ayuda comunitaria, que se lo malversa", agegó. 

"Extorsión, lavado de dinero, porque insertan el dinero que obtienen del delito en el mercado de forma ilegal", agregó y aclaró: "Vamos a seguir las convenciones internacionales". "En Chaco se probó el mal que producen estos intermediarios de planes sociales", consideró el titular de Justicia.

Anteriormente, Patricia Bullrich asistió a los tribunales de Comodoro Py, donde el juez federal Sebastián Casanello convocó a una audiencia de habeas corpus por la implementación del protocolo de orden público, a la que también citó a la legisladora porteña Celeste Fierro (Frente de Izquierda).

Como parte de la acción judicial iniciada por Fierro el pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Seguridad defendió en un informe la legitimidad de la resolución 943/2023 que estableció la implementación del llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, conocido también como "protocolo antipiquetes".

Tras la respuesta, el juez pidió a esta cartera que "adecue el llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos" por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, y citó a las partes a una audiencia.