La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, volvió a ocupar el centro de la escena con declaraciones polémicas. En una entrevista en el canal de streaming ultra liberal Carajo, la funcionaria criticó al feminismo y relacionó la violencia contra las mujeres como un resultado de la lucha de las mujeres. 

“Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, aseguró durante su cómoda charla con el Gordo Dan. Y remató: “El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.

¿Será, para la Ministra, “feminismo extremo” defender derechos y la propia vida? no está claro. Lo que si se entiende es que estas declaraciones llegan en un contexto dramático: 14 femicidios y un transfemicidio en los primeros 17 días de octubre, según el registro de organizaciones sociales. 

“Lo que estamos viendo es un retroceso que legitima el odio. Cuando desde el poder se banaliza la violencia o se ridiculiza al feminismo, los violentos sienten que tienen permiso. Es urgente que el Estado recupere su rol, porque cada día que pasa sin políticas públicas se pierden vidas”, dijo a Crónica la directora ejecutiva de La Casa del Encuentro, Fabiana Túñez, sobre los dichos de Bullrich. 

Su advertencia refuerza la idea central que atraviesa los informes y las estadísticas: el abandono estatal no es neutro; es una forma de violencia. Mientras, para Bullrich los datos son la cristalización de un “efecto rebote” del empoderamiento femenino, una idea que ya hemos escuchado antes, en los voceros intelectuales del discurso de La Libertad Avanza. 

Lo dicho, las palabras de la Ministra no son aisladas. Forman parte de la “batalla cultural” que el Gobierno de Javier Milei instaló como eje ideológico. En ese marco, los intelectuales orgánicos del oficialismo, Nicolás Márquez y Agustín Laje, repiten en actos, conferencias y redes sociales una prédica antifeminista que cuestiona la existencia misma de la violencia de género.

Márquez -autor de El libro negro de la nueva izquierda-, define al feminismo como “la ideología más dañina del siglo XXI”. Laje, por su parte, lo describe como “el principal enemigo cultural de Occidente” y lo asocia con “la destrucción de la familia y la moral cristiana”.

Ambos se presentan como “referentes del pensamiento libertario” y son cercanos al entorno presidencial, tanto que en sus visitas a la quinta de Olivos compartieron largas comidas y nadaron el la pileta con el Presidente. Ambos, también, aparecen en fotos del femicida uruguayo Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y a la madre de ella en Córdoba.

Según denunció La Casa del Encuentro, Laurta era parte del grupo uruguayo Varones Unidos, conocido por difundir mensajes de odio hacia las mujeres. En su comunicado, la organización advirtió: “Varias fotos que lo muestran junto a los asesores del presidente Javier Milei, Agustín Laje y Nicolás Márquez, circulan por las redes. Ambos son responsables de los discursos de odio, repletos de misoginia, que se replican desde el Estado negando la existencia de la violencia de género y ratificando la supremacía masculina”.

“Cuando se reproducen estos conceptos discriminatorios hacia las mujeres y el movimiento de mujeres y diversidades se habilita a los violentos a actuar con pretendida impunidad. Denunciamos a quienes reproducen y avalan la violencia simbólica y especialmente a aquellos estudios jurídicos, abogadas/os y legisladoras/es que sin basamento estadístico hablan de falsas denuncias”, confirman desde la ONG. 

Pero el problema real no parece ser solo la arenga discursiva. El contexto legitima y según los datos el Estado abandona las políticas de prevención y protección.

Como informó este medio, un informe de ACIJ y ELA (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) sobre el Proyecto de Presupuesto 2026 confirma lo que las organizaciones denuncian desde hace meses: un desmantelamiento sistemático de las políticas de género.

El documento mostró que las principales partidas destinadas a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres —Programa Acompañar, Línea 144 y Protección de Víctimas de Violencia— sufrieron una caída presupuestaria conjunta del 89% desde 2023.

El Programa Acompañar, que asistía a más de 100 mil mujeres en situación de violencia, dejó de existir como partida identificable en 2025. La Línea 144, principal canal de ayuda, perdió dos tercios de su presupuesto y redujo un 45% su planta de trabajadoras.

Además, desde diciembre de 2023, el Gobierno dejó de actualizar el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género (SICVG), lo que impide conocer cuántas denuncias se registran y en qué condiciones.

“El Gobierno nacional continúa el camino de desmantelamiento y opacidad presupuestaria iniciado en 2024, eliminando la visibilidad de los programas y debilitando la respuesta estatal ante la violencia por razones de género”, advierte el informe. 

Lo que el Gobierno define como “ajuste” se traduce en una retirada del Estado de su obligación más básica, proteger la vida.

La violencia no se detiene. En 2025 se registraron 182 femicidios hasta septiembre, y octubre ya sumó otros 15. La estadística refleja una tendencia constante desde la eliminación de políticas públicas y la degradación del ex Ministerio deMujeres, Géneros y Diversidad.

Durante el periodo 2019–2022, cuando existían programas de asistencia económica y contención territorial, el porcentaje de víctimas que habían denunciado previamente a su agresor rondaba el 25%. Hoy, esa cifra descendió al 13%.

Pero parece que la esperanza sigue estando en la calle. A pesar del discurso oficial, la sociedad argentina parece reconocer el valor de la defensa del derecho de las mujeres a vivir y ser respetadas. Una encuesta de Zuban Córdoba, publicada en abril 2025, muestra que el 63% de los consultados considera que el feminismo fue clave para visibilizar la violencia de género. El estudio revela una grieta generacional: entre los jóvenes de 18 a 30 años, el 68% tiene una visión positiva del feminismo, frente al 49% de los mayores de 50.

Más de la mitad de los encuestados —el 56%— opinó que el Gobierno “usa el antifeminismo para distraer de la crisis económica”.

El dato es revelador. Aunque la “batalla cultural” intente instalar la idea de que el feminismo es impopular, la mayoría de la sociedad todavía lo asocia con derechos, no con conflicto.

Ni Una Menos no nació por nada. Allá por 2015, fue un grito ante la invisibilidad, las muertes y la naturalización de la violencia simbólica. Desde entonces Argentina avanzó como pionera en leyes, instituciones y políticas que ubicaron la igualdad de género como prioridad estatal. La creación del Ministerio de Mujeres, la implementación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, y la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fueron hitos que marcaron una década de avances.

Hoy, esa estructura está prácticamente desmantelada. El ajuste no sólo recorta partidas: desmantela una política pública consolidada y erosiona el consenso social que la sostenía.

¿La retórica que culpabiliza a las víctimas funciona como una justificación ideológica para justificar ese retroceso? 

El discurso antifeminista no es nuevo, pero nunca antes había tenido el actual “estatus” gubernamental. Desde los despachos oficiales se repite la idea de que el feminismo “divide a la sociedad”, “ataca a la familia” o “instala falsas denuncias”. Cada palabra tiene un costo y se refleja en las estadísticas.

Las palabras de Bullrich no sólo son un posicionamiento político personal. Son la expresión ideológica de una política pública que cambió las prioridade y, mientras debatimos si el feminismo “se pasó de la raya”, las cifras gritan: una mujer asesinada cada 35 horas.