Tras una larga polémica entre el Gobierno nacional y la administración porteña sobre si dotar o no de pistolas Taser a la Policía, el ministro de Justicia y Seguridad capitalino, Eugenio Burzaco, anunció este martes que ese tipo de armas electrónicas comenzarán a utilizarse en la Ciudad de Buenos Aires "en junio o julio" de este año. Además, precisó que, en un principio, las portarán los agentes apostados en estaciones de trenes y subte. 

"Es posible que para junio o julio estén operativas las Taser; cuando la gente esté capacitada y entrenada", anticipó Burzaco en alusión a agentes de la Policía de la Ciudad.

 

Y agregó: "Durante este mes vamos a tener las Taser acá, en Buenos Aires. Son 90 ahora y otras 60 más adelante. Eso posibilita tener brigadas que puedan operar en todo el territorio (porteño) y, sobre todo, contar con personal en estaciones de tren y subte, donde el uso de las Taser es fundamental".

Sobre la cantidad de armas electrónicas que necesita la Policía porteña para comenzar a operar, Burzaco estimó que con las 150 previstas, estarán "cubiertos" los puntos estratégicos como para empezar con el plan de su uso.

"Con las 150 Taser, vamos a estar bien cubiertos. El tema es que hay que capacitar al personal; las tiene que usar un personal más especializado. Hay que tenerlas en los lugares donde hay mucha concentración de personas y en brigadas de acción rápida para situaciones donde una persona tenga un arma o un brote psicótico", sostuvo el funcionario en diálogo con radio La Red. 

Cómo se destrabó la polémica sobre las pistolas Taser

La polémica sobre si dotar o no a la Policía con pistolas Taser comenzó a destrabarse marzo último, cuando finalmente el Gobierno nacional aprobó su importación a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

 

"Finalmente ANMAC autorizó la importación de pistolas Taser a la Ciudad", aseveró en ese momento el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

A mediados de febrero último, el Gobierno capitalino había presentado un amparo ante la Justicia por la demora en la resolución del expediente administrativo para poder importar el armamento electrónico.

Ese recurso fue aceptado por el juez en lo Contencioso Administrativo federal Walter Correa, quien le impuso al Estado nacional una definición en un período de 30 días.