La utilidad de los planes sociales, sumado a los recursos que el Estado aplica con esa finalidad, ha sido una de las discusiones más recurrentes de los últimos tiempos de cara a las elecciones 2023. 

En muchos casos se individualiza como plan social al Potenciar Trabajo, que se otorga a quienes no pueden acceder al mercado formal de trabajo y reciben una suma del Estado a cambio de una contraprestación con fines sociales y comunitarios. En él se engloban alrededor de 1,2 millones de beneficiarios. 

La práctica habitual es que los posibles receptores de ese programa son identificados y propuestos por organizaciones sociales, para que el Ministerio de Desarrollo Social (órgano de aplicación) decida si los incluye o no en el listado final. En los últimos tiempos, hubo varios chisporroteos entre el Ministerio, que obligó a un reempadronamiento, y las organizaciones sociales, que se quejan de que el monto que se abona (la mitad de un salario mínimo) es insuficiente.

Sin embargo, el listado de programas excede el Potenciar Trabajo. En el proyecto de Presupuesto 2024 que el gobierno elevó en la última semana al Congreso, se identifican 17 categorías que abarcan iniciativas y programas con “esfuerzos fiscales destinados a promover el desarrollo económico, social inclusivo y sostenible para generar mejores condiciones de bienestar en la población”. Allí se engloban, entre otros, la PUAM (para adultos mayores sin aportes previsionales), la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, la Tarjeta Alimentar y las becas Progresar, entre otras acciones.

Según el gobierno, la función Promocion y Asistencia Social “representa el 6,0% del gasto presupuestario, conforme a la protección y ayuda directa a personas en condiciones de vulnerabilidad y los aportes a instituciones sociales para impulsar el desarrollo social”. El ministro de Economía, Sergio Massa, estimó que los planes sociales representan el 1,8% del PBI (algo así como dos billones de pesos).

Si bien el gobierno le adjudica gran importancia al sostenimiento de esas políticas de inclusión social y laboral, buena parte de los partidos opositores insistieron en la necesidad de reducirlos y hasta suprimirlos en función del elevado costo para el Estado. Entre ellos se situaba La Libertad Avanza, cuyo candidato Javier Milei, anticipó un fuerte recorte en el gasto público en caso de acceder a la Presidencia.

Sin embargo, en las últimas horas se produjo un giro imprevisto, ya que la candidata a vicepresidenta de ese espacio, Victoria Villarruel, garantizó la continuidad de los planes sociales, al menos en un futuro inmediato.

“El que diga que va a sacar los planes sociales cuando en la Argentina hay un 50 por ciento de pobres, miente”, anunció sorpresivamente Villarruel durante el debate televisivo entre candidatos a vice que se realizó el último miércoles por la noche. “En La Libertad Avanza, los planes sociales los vamos a sacar de forma ordenada, para que esas personas se puedan incorporar al trabajo formal. Eso se logra con reformas de fondo, no con parches”, dijo la abogada libertaria.

Aun así, Villarruel criticó el manejo de los planes sociales que realiza el gobierno de Alberto Fernández. “El plan debe ser un medio, no un fin. Se tiene que transformar en trabajo y debe dejar de ser la chicana del poder, en la cual tienen un ejército de personas desocupados o trabajadores informales que están hipotecando su futuro”, consideró.

El sorpresivo giro discursivo de la representante de La Libertad Avanza (que aprovechó para inflar el índice de pobreza unos 10 puntos por encima de los datos del Indec) sorprendió al resto de los participantes en el debate. El mendocino Luis Petri, de Juntos por el Cambio, ironizó que “el llamado Plan Motosierra de Milei se ha convertido en una tijerita”.

Petri fue mucho más drástico: denunció a las “organizaciones piqueteras que toman de rehenes a los pobres”. También se quejó de que esas organizaciones se adjudiquen la representatividad de ese sector ante el gobierno. “No se puede negociar con los secuestradores porque te piden un rescate para que nadie cambie”, ejemplificó.

En el oficialismo, en cambio, prima la idea de mantenerlos y de facilitar a sus beneficiarios una salida hacia el sector del trabajo formal. El actual jefe de Gabinete y también candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, dijo que la normativa que propone su espacio en esa materia es que por cada puesto de trabajo creado, los empleadores tengan deducciones en las contribuciones patronales por el término de 48 meses.

“Y si las empresas toman de empleado a alguien que cobra un plan social, los primeros 12 meses el Estado va a seguir pagando ese plan y el empleador sólo pagará la diferencia” hasta el sueldo de convenio, agregó Rossi.