La Intendenta radical de la ciudad de La Rioja y aliada a Juntos por el Cambio, Inés Brizuela y Doria, decidió dejar en planta permanente a 900 trabajadores municipales violando una ley del año 2015 que inhibe a los municipios la potestad de designar empleados sin el aval del Estado provincial. En el año 2015 se sancionó la ley provincial Nº 9782, que, entre otros temas, trata quién debe fijar la política salarial en el territorio provincial y qué tratamiento deben concretar los municipios para sumar agentes a su grilla salarial. Básicamente, lograr acuerdo político-institucional sujeto a factibilidades presupuestarias de la Ley Coparticipativa y de acuerdos salariales, impositivos y previsionales que contempla el ente Nacional. El actual gobierno municipal de extracción radical, desde que asumió en diciembre de 2019, viene sumando y variando categorías en su plantel de empleados y funcionarios sin acordar con la provincia la solvencia económica para soportar los salarios de esas designaciones y recategorizaciones.

Más allá de que se está violando una ley, Brizuela y Doria, luego de la fuerte derrota sufrida en las PASO, estaría aplicando la demagogia pre electoral para afectar la gestión del gobernador Ricardo Quintela, trasladándole un problema financiero al gobierno provincial. “O nos está extorsionando o es una irresponsable”, dicen en el entorno del gobernador.

Esta situación generó, además, el enojo de los 17 intendentes restantes, que no pueden aplicar medidas similares limitados por la misma ley. “No estamos en contra de mejorar la jerarquía de los trabajadores, nada más lejano a ello, pero sí creemos que debe ser de manera responsable, consensuada y gradual sin afectar las arcas de la provincia”, aseguró el gobernador.

 

Qué dice la ley

La Ley 9782 dice, en su artículo 10: "La Función Ejecutiva fijará la política en materia salarial para todo el territorio provincial y garantizará a los Municipios los recursos financieros para atención del pago de haberes incluidos los aumentos salariales otorgados a la fecha y los que se establezcan en el futuro, siempre conforme con las plantas de personal permanente y transitoria declaradas a los efectos previsionales ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al 31 de diciembre de 2014. A partir de esa fecha, los valores referenciales de los agentes establecidos podrán incrementarse atendiendo a estrictas razones de servicios debidamente justificadas y con previa autorización de la Función Ejecutiva".

"Los Municipios se obliga a aplicar la política salarial que se adopte a nivel provincial y a observar las pautas, prohibiciones y excepciones que se establezcan al respecto".

 

 

 

La ley de coparticipación vigente resguarda la política salarial en el gobierno provincial, en base a la nómina salarial de diciembre 2014. Las designaciones posteriores a esta fecha no están siendo reconocidas sin debida autorización del ejecutivo provincial, y en caso de concretarse, cada municipio deberá hacer frente con recursos propios. Si bien no está taxativamente prohibido, deja expresamente claro que “podrán incrementarse atendiendo a estrictas y justificadas razones de servicios, y previa autorización de la Función Ejecutiva provincial”. La gestión actual de la intendenta Ines Brizuela y Doria viene realizando aproximadamente 1000 designaciones irregulares de conformidad a la ley 9782, llevando a planta municipal un total de casi 10 mil agentes, entre diversas variantes de contratación. El gobierno municipal no cuenta con recursos propios para afrontar este nuevo compromiso salarial, generando en los agentes municipales una situación de incertidumbre y zozobra, al no saber cómo hará para sostener una grilla de sueldos a 6000 agentes de planta, 500 funcionarios y unos 3500 precarizados sin autorización del ejecutivo provincial. A menos de 20 días de la fecha de cobro, los empleados municipales designados, tienen ya decretos firmados por la Intendenta, anuncios públicos, actos políticos/ institucionales con funcionarios, pero nada dice de la existencia de recursos para el pago de estos salarios.