Tal como era de esperarse, varias empresas y cámaras de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) -denominadas coloquialmente "Telcos"- emitieron un comunicado conjunto para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 690/2020, por el cual el gobierno consideró las prestaciones de Internet, telefonía móvil y TV por cable servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y dispuso un congelamiento tarifario hasta fin de año. Asimismo, pidieron que se reconsidere la decisión, más allá de que el lunes la Comisión Bicameral del Congreso que revisa los DNU emitiera dictamen favorable y que el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ya esté abocado a la reglamentación de la norma dispuesta por el presidente Alberto Fernández.

"Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro", afirmaron las cámaras y las empresas, en un aviso publicado a modo de solicitada.

Entre las compañías y entidades firmantes están Claro, DirectTV, Telecentro, Telecom, Telefónica, AmCham Argentina, Asiet, ATVC, Cacpy, CCAC, la Cámara de Comercio Argentino Finlandesa, la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, Cicomra, Huawei, GSMA, Express, Red Intercable y Sion.

En el texto, consignaron que el decreto "no deja de sorprender" dado que siempre mantuvieron "el diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que lleven alivio a quienes más lo necesitan". En ese mismo sentido, señalaron: "La justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos. Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la industria TIC en la Argentina y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años. Mientras otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario generando un marco de absoluta incertidumbre".

 

 

 

Actualmente, en el país hay más de 1.200 prestadores, pymes y cooperativas bajo un régimen de licencias y no de concesión pública. En este marco y en sus distintas modalidades -fija, móvil o satelital- la industria TIC "tiene una cobertura de hasta el 95% de la población del país". Según datos del Indec, a diciembre de 2019, el 82,9% de los hogares contaba con acceso a Internet. Además hay más de 50 millones de líneas celulares en servicio.

En el comunicado, los que suscriben consideraron que se califica a la industria como servicio público sin ninguna necesidad ni urgencia. "Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso de todos los argentinos. El servicio público en cambio es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos. Decretar servicios públicos a Internet, TV Paga y la telefonía celular no garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia", argumentaron.

Posteriormente, reiterando un argumento que suele esgrimir el sector privado ante cualquier medida que considera de indebida intromisión estatal en un mercado, afirmaron que "para acelerar la inclusión digital se necesitan inversiones intensivas, de forma recurrente y a largo plazo para expandir los servicios. La industria TIC en su conjunto es el sector que más invierte en la Argentina, junto con el petróleo (u$s20.000 millones durante los últimos 10 años, con una contribución del 2,4% del PBI). Para continuar haciendo las inversiones que lleven a más hogares mejores servicios y llegar a quiénes aún permanecen desconectados la industria necesita certidumbre. La intervención sobre el sector que representan las medidas anunciadas, en un contexto como el argentino resultará negativo para continuar desarrollando el acceso y cobertura en los servicios de internet, telefonía móvil y TV paga".

Hacia el final del texto, los prestadores insistieron en que "cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de la emergencia sanitaria".

 

 

 

"Existe un acuerdo suscripto con el gobierno, vigente hasta el 31 de agosto, y un diálogo constante hasta el inesperado anuncio por parte de las autoridades. Un cambio de reglas así hubiese merecido un profundo debate con participación de todos los involucrados. Solicitamos que se reconsidere esta decisión para restablecer un diálogo franco en el que todas las partes encontremos el camino para conectar a los argentinos y seguir desarrollando una industria de alto valor agregado, generadora de empleos legítimos y con un enorme potencial para el país y su gente", concluyó el comunicado.

En lo que fue una suerte de adelanto de esta solicitada, el CEO de Telecom, Roberto Nóbile, opinó ellunes que la decisión del gobierno "cambia las reglas de juego de forma contundente" en las telecomunicaciones y provocará que para las empresas "no sea posible la inversión si se toca la variable más importante, que es el precio".

 

El gobierno sigue adelante

Más allá del disconformismo del sector empreaario, el lunes la Comisión Bicameral del Congreso emitió dictamen favorable al DNU, en un plenario que no contó con la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio. Así fue que la medida recibió el respaldo de los nueve miembros del Frente de Todos, sobre un total de 17 miembros.

La comisión que conduce el diputado oficialista Marcos Cleri, se reunió durante casi tres horas, len las cuales os diputados y senadores del oficialismo defendieron la decisión de declarar como servicio esencial a la televisión paga, internet y la telefonía celular y fija, y la de suspender los aumentos hasta fin de año, a la vez que criticaron la decisión de los legisladores de Juntos por el Cambio de impugnar la convocatoria a la reunión. Desde la oposición argumentaron -en una carta- que la citación a la comisión "no se realizó con 48 horas de antelación" y objetaron que el protocolo que permite el funcionamiento virtual venció en diputados el último 7 de agosto.

 

 

Mientras tanto, en el Enacom comenzó el trabajo de la reglamentación del DNU, que incluye desde la definición del paquete de servicios básicos, una tarifa universal y los criterios que se implementarán para establecer precios máximos al sector. Desde la óptica de algunos especialistas, la definición del paquete de servicios básicos llevará gran parte de la discusión, dado que existen distintos enfoques sobre la cuestión.