El ex ministro de Energía y Minería del macrismo, Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fueron procesados este por negociaciones incompatibles y presunto encubrimiento en la función pública. Lo hizo el juez federal Luis Rodríguez, en el marco de la causa que comenzó por una denuncia de los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.

Ambos se presentaron a declarar la semana pasada. La causa, de 2016, apunta a determinar si Aranguren incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en relación con las decisiones tomadas durante su gestión que habrían apuntado a beneficiar a la petrolera Shell en operaciones de compra de gas a Chile, lo que supondría para él un beneficio económico al continuar siendo accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC. Un hecho con el que habría incurrido en “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses”.

Y a Alonso por no investigarlo desde la OA que, según confirmó ella públicamente en un programa de televisión, sólo se dedicó a observar los casos de la gestión pasada y no los del gobierno de turno que condujo Mauricio Macri. 

El juez les trabó, además, embargos por 1.200.000 de pesos a Aranguren y 1.000.000 de pesos a Alonso, según consta en el fallo de 136 páginas al que accedió esta agencia.

"Se ha demostrado, con el grado de certeza aquí exigido, que Juan José Aranguren en su calidad de Ministro de Energía y Minería se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación", sostuvo el magistrado.

En relación a la situación de Alonso, el magistrado sostuvo que la OA, una entidad de "importancia" en la lucha contra la corrupción, "deliberadamente omitió tomar conocimiento de los hechos aquí investigados y realizó medidas de prueba superfluas, lo cual a la postre fue utilizado en la causa criminal por el imputado para peticionar un temperamento liberatorio".