Fue en abril de este año, en los comienzos de la cuarentena obligatoria a nivel nacional cuando el titular del bloque de Diputados del oficialismo, Máximo Kirchner, y el diputado Carlos Heller lograron la foto en Olivos con el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Hacienda, Martín Guzman.  Motorizaban el impuesto a la riqueza, de modo excepcional para apoyar la ayuda requerida por la pandemia mundial que aterrizó en la Argentina.

De acuerdo con los detalles brindados en esa ocasión por los diputados del Frente de Todos, el nuevo impuesto sólo abarcaría a los argentinos con patrimonios de más de 3 millones de dólares y pagarían por única vez una tasa que iría entre el 2% y 3,5% de los bienes declarados; algo así como cerca de 12.000 personas que ya tributan el Impuesto a los Bienes Personales pero que están en la cúpula de la pirámide de los que más tienen. Muchos de ellos fueron quienes blanquearon sus propiedades durante el perdón fiscal que otorgó el Gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo con los cálculos estimados, serían unos 3.000 millones de dólares para las arcas fiscales destinado a la asistencia social. 

A pesar de aquella foto; a poco de andar la iniciativa (cuya letra chica aún se desconoce) trajo más problemas que soluciones.

 

En primer lugar porque la Argentina desde antes del coronavirus es el país latinoamericano que más alta presión tributaria tiene en relación a su PBI; pero además está pendiente una reforma tributaria global que contemple los reclamos de co participación de todas las provincias. Un pedido que la panedemia logró poner entre paréntesis pero que no silenció y que promete reavivarse en poco tiempo cuando la cuarentena concluya. 

Para ir calentando el clima, los municipios ya denunciaron que desde marzo la recaudación cayó al 50% y hay distritos como Lanús (Cambiemos, en manos de Néstor Grindetti) que acaban de aumentar por seis meses la tasa de seguridad e higiene a supermercados y bancos para sostener la ayuda a las pymes que no están trabajando.

Un estudio del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) reveló que sólo entre abril y mayo las provinicas perdieron unos 90.000 millones de pesos de coparticipación por la caída en la recaudación general debido a la crisis.

 

Los recursos nacionales para cubrir ese rojo cubrieron sólo un 42% de lo requerido y aún así representaron casi 40.000 millones de pesos. Esta necesidad podría reactivar el impuesto excepcional a la riqueza pero por otro lado reencenderá la pregunta sobre si hay margen para aumentar la presión tributaria general.

Además la iniciativa del oficialismo metió ruido en la línea entre el Presidente y el sector privado, justo en momentos en que el caso Vicentin provocó reclamos en las calles en plena cuarentena.

Por otro lado, el Gobierno necesita sentar en la misma mesa a empresarios dispuestos a sostener a sus empleados y a invertir más una vez que pase el Covid-19 para que la Argentina despegue de la crisis económia que se produndiza en estos meses pero que tiene una demanda echa añicos desde mucho antes del coronavirus.

Las principales entidades empresarias cuestionaron esa iniciativa que, por cierto, llegó justo en momentos en que Uruguay por ejemplo lanzó una política de seducción fiscal muy agresiva para atyraer hacia ese lado de la orilla empresarios y profesionales argentinos.