Hay muchas dudas respecto al decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación económica, que impulsa el Gobierno nacional. Lo cierto es que cuando el Presidente dicta un DNU entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, sin embargo, solamente pierde vigor cuando es rechazado por ambas cámaras, en sendas sesiones. Pero si un recinto lo aprueba, quedará firme.

Sin embargo, antes de llegar a los recintos, el decreto debe ser remitido por parte del jefe de Gabinete, dentro de un plazo de 10 días, a la llamada Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que la integran 8 senadores y 8 diputados, de acuerdo a lo que establece la Ley 26.122.

Estos legisladores se deben encargar de evaluar la validez del instrumento sin juzgar su contenido. Sin embargo, mientras tanto, el decreto entra en vigencia, y en paralelo hace su recorrido parlamentario.

Para poder analizar el DNU, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de Diputados, Martín Menem, son quienes designan a los 16 miembros que conformarán la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Esa comisión debe pronunciarse por su validez, es decir, por aprobación o por rechazo, en 10 días hábiles. Si no lo hace, deben tratarse en los recintos, sin poder realizarle modificaciones ni enmiendas ni nada: sólo pronunciarse por su validez, aprobándolo o rechazándolo. Pero pueden no tratarlo y, entonces, que el DNU siga vigente por tiempo indeterminado, o quede vigente para siempre.

 

¿Cómo es el recorrido legislativo?

De acuerdo con la legislación vigente, los Decretos de Necesidad y Urgencia son derogados si las dos Cámaras del Parlamento los rechazan, lo que no ha ocurrido nunca en la historia institucional argentina. Inclusive, si el oficialismo tuviera el número, basta con que una de las dos cámaras lo convalide para que quede firme.

Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir, con la mitad más uno de sus integrantes. Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una "sanción tácita". "El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia", establece uno de los artículos de la ley 26.122. También la ley dispone que las cámaras "no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes".

 

La sesión especial para debatir el DNU, de todos modos, debe aún ser convocada por Villarruel en fecha y día a confirmar porque, si bien el Frente de Todos (FdT) la agendó para el próximo jueves, es potestad de la Presidencia de la Cámara establecer cuándo podría realizarse. Al respecto, desde la Presidencia del Senado indicaron que esta semana no saldrá la convocatoria porque Villarruel realizará una ronda de consultas entre los jefes de los bloques para poner día y hora, teniendo en cuenta la situación política que se vive al debatirse la Ley "Bases" en Diputados.

El DNU 70/23 es una norma de 366 artículos que, entre otros puntos, declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025".

Algunos de sus artículos, como los vinculados al ámbito laboral, fueron judicializados, permanecen sin ser aplicados y es la Corte Suprema la que deberá expedirse respecto de su validez.