El Gobierno nacional estableció modificaciones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incentivar inversiones en proyectos ya existentes. Así lo dispuso mediante el Decreto 1028/2024 publicado este viernes en el Boletín Oficial que fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida modifica el artículo 60 de la ley que regula el programa. Se trata de la norma que precisa las condiciones por las cuales una ampliación de un proyecto preexistente puede beneficiarse del RIGI.

Según menciona el texto oficial, el objetivo de estas modificaciones es "fomentar nuevas inversiones mediante un marco claro y transparente", evitando conflictos entre proyectos originales y ampliaciones.

RIGI: cuáles son las modificaciones publicadas en el Boletín Oficial

Requisitos para calificar como beneficiarios del RIGI

El proyecto de ampliación debe cumplir con todos los requisitos previstos en el régimen. Debe igualar o superar el monto mínimo de inversión requerido para el sector correspondiente. Los incentivos se aplicarán únicamente a la ampliación y no al proyecto original.

Creación de una “Sucursal Dedicada”

El titular del proyecto preexistente debe constituir una sucursal específica para gestionar la ampliación. Esta sucursal tendrá como único objeto la ejecución de la ampliación, permitiendo diferenciar los incentivos aplicados al nuevo desarrollo.

Separación de beneficios e infraestructura

Aunque la infraestructura y activos puedan ser compartidos entre el proyecto original y la ampliación, esto no afectará la elegibilidad para los incentivos. Solo se considerará la producción que exceda la capacidad instalada del proyecto original.

 

Resolución de controversias

El solicitante deberá aceptar los mecanismos previstos en la Ley N° 27.742 para resolver disputas, incluyendo el Panel RIGI. Existe la posibilidad de proponer mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

El RIGI está diseñado para estimular grandes inversiones en el país, proporcionando incentivos económicos, estabilidad jurídica y un sistema eficiente para proteger derechos adquiridos a aquellos proyectos que cumplan con los requisitos establecidos.