El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en el que es juzgada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados, retomó este lunes su desarrollo con el inicio del alegato fiscal.

Tras el receso judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 escuchará en su rol de parte acusadora al fiscal de juicio Diego Luciani, quien anticipó que expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.

En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.

El organismo consideró "irresponsable avanzar en la acusación" por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

 

Con esta postura, la única voz acusadora que quedó en el debate es la del fiscal Luciani, quien considerará que hay pruebas para formular pedidos de pena.

Tanto la vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate es realizado por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom.

El juicio es desarrollado de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.

En la causa debaten si el empresario Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Además de la vicepresidenta, son juzgados el propio Báez, dueño de "Austral Construcciones"; el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López. También son juzgados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.

La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.

 

El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que "fue un plan ideado por el Gobierno saliente" de Mauricio Macri y que la causa "forma parte del lawfare".