La investigación judicial contra dirigentes piqueteros por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales avanzó con la reciente declaración de algunos de los acusados. Jeremías Cantero, el número 2 del Polo Obrero, admitió que se solicitaban aportes económicos a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, aunque aseguró que estos pagos eran voluntarios y no producto de coacciones.

Según varias fuentes, los pagos efectuados por los beneficiarios "nunca superaban el 2% del plan", y según Cantero y su defensa, estos aportes eran decididos en asambleas.

 

Cantero, quien supervisaba varios comedores en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo "Rivadavia 1", La Carbonilla y Mariano Ferreyra, está acusado de tomar decisiones relacionadas con "exigencias coactivas y extorsiones a las víctimas". Sin embargo, él sostiene que se trataba de contribuciones voluntarias para el sostenimiento de los comedores, cubriendo gastos como alquileres, fletes y depósitos.

Además, Cantero negó la existencia de un sistema de multas para quienes no participaran en marchas y piquetes, argumentando que el Polo Obrero no tiene la capacidad de dar de baja un plan Potenciar Trabajo.

El expediente judicial incluye chats, conversaciones y escuchas que, según el fiscal Gerardo Pollicita, prueban la extorsión ejercida por estos dirigentes a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. El juez federal Sebastián Casanello está investigando a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por una supuesta defraudación millonaria al Estado al desviar fondos del Potenciar Trabajo a empresas involucradas en facturación falsa.

La serie de indagatorias a dirigentes del Polo Obrero acusados de extorsionar y amenazar a beneficiarios del Potenciar Trabajo comenzó la semana pasada. Esta investigación también abarca una posible defraudación al Estado por parte de la organización dirigida por Belliboni, desviando millones de pesos del exministerio de Desarrollo Social a empresas acusadas de emitir facturas falsas.

 

Elizabeth Galindo Mamani, quien desempeñaba el rol de "delegada" en uno de los comedores gestionados por la organización, fue la única de las cuatro dirigentes que aceptó responder preguntas la semana pasada. La mujer reconoció haber exigido un porcentaje de lo que cobraban los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

Mamani trabajaba en el comedor "Rivadavia 1" y tenía la tarea de recaudar las cápitas, tal como lo indican los mensajes expuestos en el dictamen del fiscal Pollicita: "Hola compañeros, paso a recordarles que mañana estaré cobrando las cápitas del Potenciar de 08.30 a 14.30hs. Ponerse al día". Este dinero se utilizaba, en teoría, para "sostener" el comedor, aunque el destino final de esos fondos aún es incierto.

La Justicia intenta determinar si el cobro de un porcentaje del plan Potenciar Trabajo fue una acción aislada o una práctica sistemática a nivel nacional. Uno de los investigadores sostiene que hay suficiente evidencia para probar que el Polo Obrero implementó un esquema coordinado de cobro ilegal de cápitas.

 

La indagatoria continuará este miércoles 19 con la declaración de Elizabeth del Carmen Palma, quien en una de las escuchas de la causa mostró preocupación por una posible investigación por lavado de dinero relacionada con la cooperativa El Resplandor Limitado, vinculada al Polo Obrero. La Justicia sospecha que parte del dinero recaudado de los beneficiarios terminaba en esta cooperativa.

El próximo 25 de junio será otro día clave en el caso, con las declaraciones de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero; María Dotti, a quien se le secuestraron 54 mil dólares durante un allanamiento en su domicilio, y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, investigada por emitir facturas falsas para justificar gastos inexistentes del Polo Obrero.