En una nueva marcha atrás, el gobierno nacional le soltó la mano al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien presentó su renuncia en medio del escándalo por la cuenta de un banco en Andorra que ocultó en sus declaraciones juradas.

El domingo, el jefe de gabinete, Marcos Peña, había salido a defender al ahora ex funcionario, acusado de evadir impuestos. “No se va a apañar a nadie. Si hay sospechas de corrupción se puede apartar a un funcionario temporalmente, pero este no es el caso”, aseguró el hombre de máxima confianza del presidente Mauricio Macri, quien destacó que el millón de euros que Gilligan omitió declarar “no es dinero público”.

Peña mantuvo esa postura pese a los reclamos de la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, los aliados del PRO en Cambiemos, quienes exigían no sólo la renuncia del hombre más cercano al secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, sino también que las explicaciones que deba dar Díaz Gilligan se den ante la Justicia, y no en la Oficina Anticorrupción, conducida por la ex diputada macrista Laura Alonso.

Este lunes se sumaron otras voces del gabinete en ese sentido: tanto el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, como el de Trabajo, Jorge Triaca, plantearon que el ahora ex funcionario debería “dar un paso al costado” y “tener un gesto”. Ese gesto llegó en la tarde de este lunes, horas después de que la oposición hiciera una denuncia penal por el caso y cuando la presión política aumentaba.

Ahora el gobierno deberá determinar si la decisión consigue aplacar el reclamo social, que sumó malestar en las últimas semanas con las revelaciones sobre cuentas off shore de otros ministros, y los casos de nepotismo que no fueron solucionados con el decreto presidencial.

Cabe recordar que el caso de Díaz Gilligan estalló en la noche del viernes pasado, por una investigación del diario español El País, mientras el gabinete comenzaba un retiro espiritual en el que el mensaje de evitar este tipo de hechos ocuparía un lugar central.

El mismo fin de semana se imputó a una de las hermanas de Jorge Triaca, Lorena, por presunta incompatibilidad entre su rol de funcionaria pública y la contratación de una empresa en la que trabajó, y al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por las firmas off shore que comandó.

El caso de Caputo sigue siendo un dolor de cabeza, y ahora Cambiemos deberá explicar por qué Gilligan fue apartado, mientras el encargado de emitir y renegociar la deuda extranjera -que controló firmas en paraísos fiscales que compraron parte de la deuda en default que él mismo negociaría luego- sigue en su puesto.