Jorge Ballestero presentó este miércoles su renuncia a su cargo a partir del 1º de junio próximo, en una escueta nota dirigida al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

"Tengo el agrado de dirigirme al Señor Ministro con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, con efecto a partir del 1 de junio del corriente año", informó el camarista en el escrito.

El 25 de abril pasado, Ballestero había pedido una licencia por 20 días argumentando razones médicas, luego de haber sido denunciado por firmar el fallo que liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa Oil Combustibles. 

Ese fallo, en otro de sus alcances, cambiaba la carátula de "defraudación al Estado" por la de "apropiación indebida de recursos", un delito menor, en el expediente en el que se investiga a López por la presunta falta de pago de 8000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustibles en su empresa Oil, dinero que habría utilizado para capitalizar y ampliar su grupo empresario, Indalo. 

La decisión que benefició a López y a De Sousa fue revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, que dictaminó que los socios debían volver a la cárcel, y que la causa tenía que mantener su carátula original.

El juez Ballestero podría ahora volver a su puesto -una vez vencida la licencia- o pedir una renovación hasta el 1 de junio, cuando se hará efectiva la renuncia.

Ballestero es investigado en el Consejo de la Magistratura tras una denuncia de la diputada Elisa Carrió quien, un mes antes de que el juez solicitara la licencia, pidió al Consejo que iniciara una investigación para determinar si pudo haber una "motivación económica" de Ballestero para dictaminar a favor de López y De Sousa en la causa.

Carrió también pidió investigar a Eduardo Farah (el otro camarista que votó por la liberación de López, que pidió ser trasladado a otro fuero) por la sospecha de "posibles vínculos" entre ex directivos del casino de Puerto Madero y funcionarios judiciales.

El 27 de marzo, la líder de la Coalición Cívica amplió su denuncia contra Ballestero y también contra Farah. Recordó dos pedidos de juicio político a Ballestero presentados por el diputado socialista Alfredo Bravo en 1996 y 1998: el primero, por irregularidades en la investigación de la mafia del oro; el segundo, por incompatibilidad entre el estándar de vida y los ingresos del juez federal.

No obstante, precisó Carrió en esa ampliación, el 9 de febrero de 2000 el Consejo de la Magistratura resolvió desestimar el pedido de apertura de juicio político del entonces titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 2. 

En la presentación, la diputada incluyó además otros pedidos de juicio político contra Ballestero, impulsados por Héctor Polino y Jorge Rivas, que apuntaban no sólo al desempeño del magistrado sino también a su patrimonio. 

A partir de esos antecedentes fue que Carrió solicitó que se investigue el presunto enriquecimiento ilícito del camarista. 

El magistrado ocupó un puesto en la Sala A del Tribunal de Apelaciones desde el año 2008, cuando fue ascendido tras haberse desempeñado como juez federal de instrucción.

Con la renuncia presentada hoy, en caso de ser aceptada por el Poder Ejecutivo, se abrirá una nueva vacante en el Tribunal de Apelaciones, que actualmente funciona con el camarista Martín Irurzun y Eduardo Farah (de la Sala II), y Leopoldo Bruglia por la Sala I.

Farah está a la espera de la firma del decreto que concrete su pase a un tribunal oral en lo penal económico, algo que tramitó luego de verse involucrado también en las denuncias posteriores a la firma del fallo por Oil Combustibles que benefició a López y De Sousa. 

Hace dos semanas, el Consejo de la Magistratura aprobó recomendar al Poder Ejecutivo que acepte el traslado solicitado por Farah. Para esa decisión, contó con ocho votos positivos, dos negativos y dos abstenciones.