La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja presentado por la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la Causa Cuadernos.

Los jueces Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci dijeron que “la parte recurrente no logra refutar de forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad” del recurso, por lo que quedó confirmado el fallo del Tribunal Oral Federal 7, que dispuso la elevación a juicio oral y público.

La Causa Cuadernos investiga la cartelización de la obra pública durante el gobierno kirchnerista, en base a las declaraciones de arrepentidos. La Justicia entiende que funcionarios del gobierno montaron entre 2003 y 2015 un sistema de “recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente”, del que participaron los empresarios pagando coimas.

La defensa de la expresidenta, representada por el abogado Carlos Beraldi, solicitó la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, del auto de elevación a juicio y de todos los actos posteriores que resultan su consecuencia, por la acusación de haber recibido coimas.

 

 

Sin embargo, según Casación, “el fallo contra el cual se dedujo la impugnación cuya denegatoria dio lugar a la queja, por su naturaleza y efectos, no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Es que aquellas resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen el requisito de carácter final, ya que no ponen fin al procedimiento sino que, por el contrario, hacen posible su continuación”.

“No se advierte ni la defensa logra acreditar la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente”, se agregó.

 

Causa Cuadernos: la situación judicial de Cristina Kirchner

 

Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado. También sus funcionarios y los empresarios. 

La causa se inició a partir de un cuaderno que habría confeccionado Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, uno de los secretarios del ex Ministerio de Planificación Federal, desde donde se monitoreaba la obra pública.

Sin embargo, de los cuadernos sólo quedaron fotocopias. Centeno dijo haberse asustado y quemado los originales. Además, pericias realizadas sobre los documentos entregados a la Justicia mostraron gran cantidad de adulteraciones, enmiendas y sobreescrituras, las que ponen en duda la validez de las pruebas.

 

 

A pesar de ello, el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli  avanzaron con el caso. “Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner”, escribió Bonadio al elevar el caso a juicio.

La ex jefa de Estado habló de “las gravísimas ilicitudes acaecidas en la etapa instructora”, como que “las actuaciones se iniciaron a partir de un supuesto medio probatorio obtenido a través de una vía delictiva (los supuestos cuadernos o sus fotocopias)", y que se llevaron a cabo “groseras maniobras de fórum shopping, violatorias de la garantía del juez natural y del principio de objetividad”. Los jueces del TOF rechazaron aquel planteo y ahora también Casación.