Un revés judicial golpeó al Gobierno argentino por la nacionalización de los fondos de jubilaciones durante el mandato de Cristina Kirchner, tras perder un litigio arbitral contra una empresa internacional.

El caso fue llevado ante el tribunal arbitral del Banco Mundial a raíz de la demanda interpuesta por la compañía Metlife debido a la estatización de una de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). Todo culminó con un fallo emitido esta semana por parte de este organismo, que opera bajo la órbita del Banco Mundial.

El resarcimiento otorgado resultó considerablemente inferior a la cantidad reclamada inicialmente por Metlife, reflejando la complejidad de demostrar los daños específicos ocasionados por la decisión política que impactó tanto a Metlife como a otras administradoras.

La demanda, presentada en 2017, se fundamentó en la supuesta violación del Tratado de Protección de Inversiones de los Estados Unidos (TBI) de 1991 por parte de Argentina. Esta acción legal surgió a raíz de la decisión de expropiar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en un momento en que el superávit fiscal estaba disminuyendo al comienzo del mandato presidencial de Cristina Kirchner. El tratado en cuestión fue ratificado por el Congreso argentino en 1992 mediante la Ley Nº 24.124, mientras que las AFJP fueron establecidas por la Ley 24.241 en 1993.

Esta acción marcó el quincuagésimo cuarto caso presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), entidad vinculada al Banco Mundial, en relación con disputas derivadas de las decisiones tomadas durante la crisis económica de 2001 y otras medidas adoptadas durante el período del gobierno de Cristina Kirchner.

Sin embargo, no fue sino hasta el gobierno de Mauricio Macri cuando Metlife, presente en Argentina desde 1994 y dedicada a la venta de seguros de vida, ahorro, patrimoniales y por accidentes, optó por plantear la demanda. Esto se debe a la inexistencia de plazos de prescripción para este tipo de casos.

Ian Binnie (Canadá) ejerció como presidente del tribunal, acompañado por los árbitros Klaus Reichert (Alemania) y Campbell Alan McLachlan (Nueva Zelanda). El dictamen del tribunal se emitió el 5 de abril del presente año. Según trascendió, un año después de que esta influyente empresa presentara su demanda, el CIADI desestimó la solicitud argentina de no proceder con el caso. 

Una demanda que en un inicio era, según fuentes vinculadas al conflicto, por “cientos de millones de dólares”, terminó por concederle al demandante "aproximadamente 6,8 millones de USD en concepto de daños y perjuicios, más 1,5 millones de USD adicionales en concepto de intereses previos al laudo".

Lo cierto es que Argentina lidera la lista de los países más demandados en el CIADI, seguida de cerca por Venezuela. Después de estos dos países, se encuentra un grupo que incluye a España, Egipto, Perú y México, entre otros.