Por segunda vez desde que se emitió, la Cámara Nacional del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23. Lo hizo en respuesta de una acción de amparo presentada por la  Asociación del Personal Aeronáutico, que había pedido “la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV - Trabajo-“ del decreto.

 

Los camaristas Diana Cañal y Alejandro Perugini sostuvieron que esa parte del DNU, que en los hechos significaba una reforma laboral completa, “pretender socavar la legitimidad de que los Sindicatos reclamen por los derechos individuales, en total olvido o desconocimiento, de que en la historia de la humanidad, fue la unión de los trabajadores la que hizo la fuerza”.

“Detrás de esta pretensión se escuda la de desangrar el poder del sindicato y del activismo sindical, y así vaciar de fuerza los reclamos por las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores, entre otros”, subrayó la resolución.

Los camaristas advirtieron que “este decreto puede provocar en la práctica, una vuelta de campana muy difícil de reconducir (y de lograrse, con muchos que no puedan recuperarse), llevándonos de regreso al periodo de mayor sumisión histórica, como si no hubiera habido una evolución”. El decreto, añadieron, “conculca los derechos que dice defender”.

El fallo también cuestiona la existencia de razones de necesidad y urgencia para emitir el DNU: “No puede perderse de vista que, tratándose de una reforma que incluye una normativa tan amplia como es la ley de Contrato de Trabajo, leyes especiales y la ley  de Asociaciones Profesionales, correspondía sin duda esperar poder seguir los trámites normales de la formación de las leyes en el Honorable Congreso de la Nación”.

 

Ya en enero, la Cámara Laboral ya había decretado la inconstitucionalidad de la reforma laboral por DNU ante una acción de amparo formulada por la CGT.  “No se evidencia objetivamente la ´necesidad´ de adoptar tan numerosas medidas y aunque ello pudiera -hipotéticamente- justificarse en las referencias genéricas a “un hecho demostrado”, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizora que las que se alegan constituyan razones de “urgencia” para eludir la debida intervención del Poder Legislativo”, señalaron en ese momento los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera.