Idoneidad y transparencia son los principales aspectos que los vecinos de San Isidro le demandan a la gestión municipal.

Justamente, dos características que el intendente Ramón Lanús destacó de su gabinete durante su asunción.

Sin embargo, desde el Concejo Deliberante cuestionan y aseguran que algunos integrantes del Ejecutivo distrital no reflejan un desempeño idóneo y cristalino.

"Tenemos conocimiento de que hay $30.000 millones en plazos fijos; es decir, en la timba financiera. Un dinero que podría ser utilizado para adquirir insumos para los hospitales", indicó el concejal Walter Pérez.

Por su parte, el legislador Federico Meca pidió que el municipio explique por qué "se hacen gastos superfluos, como la nueva señalización de los túneles, cambiando la anterior porque no tenía el logo nuevo de San Isidro. No tiene sentido".

Esto se produce mientras las 7.000 personas nucleadas en el Sindicato de Trabajadores Municipales tienen reclamos laborales pendientes, como el pase a planta de 600 empleados, así como también la adquisición de herramientas y vestimenta para quienes se desempeñan en el espacio público. Una serie de reclamos que se cristalizaron en manifestaciones y en medidas de fuerzas que recrudecieron entre el lunes y el miércoles pasados e incluyendo a la policía municipal.

En ese marco, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires los convocó para el martes, por lo cual muchas áreas brindaron un servicio reducido en lo que respecta al barrido y a la limpieza y la fuerza de seguridad local solo puso a disposición cinco móviles de guardia para cubrir el sistema de emergencias 911, siete menos que la cantidad habitual.

Si bien los municipales piden un incremento salarial del 50%, la gestión local decretó un 15%. Al respecto, Omar Arce, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, sostuvo que ese porcentaje no estuvo avalado por los representantes sindicales. "Este aumento dispuesto por la intendencia implica una mejora salarial de $35.000 para las categorías más bajas, mientras que las tasas municipales subieron un 191%. En mi caso pago $30.000 de ABL; es decir, le pago más al municipio de lo que el municipio me aumentó el sueldo".

Pero además, las dudas del Concejo Deliberante sobre la transparencia de la administración encabezada por Ramón Lanús se fundan en el destino de los fondos en las contrataciones. Al respecto, Pérez enfatizó: "Se realizaron cuarenta llamados a licitación pública y solo se concretaron once. No hay información precisa respecto de ellas ni que pasó con las que quedaron pendientes, por lo que creemos que este accionar les facilita llevar a cabo contrataciones directas a proveedores que se repiten, muchos de los cuales no tienen experiencia en el servicio". Y agregó: "Hay muchas cosas que son raras, como el convenio con San Miguel por el programa Ojos en Alerta, que no fue convalidado por el Concejo Deliberante. Le piden información a los vecinos, pero no vas a mandar un WhatsApp mientras te están robando. Es una situación poco transparente que nos alerta sobre la idoneidad de los funcionarios".

En relación con los integrantes del Ejecutivo municipal, los ediles del bloque Acción Vecinal San Isidro es Distinto pusieron el foco en las últimas horas sobre una denuncia de "cohecho" presentada por el abogado Jorge Monastersky en el Juzgado Criminal y Correcional N° 5, a cargo de María Eugenia Capochetti, que involucraría a la jefa de Gabinete, Manuela López Menéndez.

Es por la preadjudicación del sistema de grúas, realizada el 6 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires que López Menéndez encabezaba en ese momento y que fue rubricada un día después de finalizado su mandato.