La Cámara de Diputados sancionó una reforma a la Ley de Defensa de la Competencia, que incorpora la figura del arrepentido para combatir prácticas monopólicas, modifica el sistema de multas y crea un programa para detectar casos de cartelización.  

De esta manera, el oficialismo consiguió sancionar una ley que había impulsado para defender a los usuarios de los abusos de posición dominante, al aceptar los cambios que habían sido introducidos en el Senado al proyecto original de la Cámara baja, basado en proyectos de Mario Negri y Elisa Carrió, y de Martín Lousteau.

El presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, a través de la red social twitter, para referirse a estos cambios.

Esta iniciativa fue aprobada en el marco de una sesión especial, en la que también fueron convertidos en ley otros dos proyectos impulsados por Cambiemos: el de financiamiento productivo, y el convenio firmado con Brasil para evitar la doble imposición y evasión fiscal en la renta firmado en julio del 2017.

La iniciativa fue sancionada por 163 votos que fueron aportados por Cambiemos, Argentina Federal -que responden a los gobernadores-, el Frente Renovador y bloques provinciales, mientras el rechazo correspondió al Frente para la Victoria, la izquierda y el Movimiento Evita.

"Estamos tratando esta ley, que se basó en iniciativas como las de la diputada Elisa Carrio o la que presenté yo en base a otro proyecto de Martín Lousteau y esta norma servirá para defender a los que día a día soportan la cartelización”, resaltó Negri. 

En tanto, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, destacó que esta iniciativa “es de autoría del propio Parlamento, que es lo que debería suceder en la mayor de las leyes”.  

"Esta es una institución importantísima porque le da la posibilidad de llevarlos a los monopolios a un tribunal de la Competencia”, agregó.

En tanto, desde el kirchnerismo, el diputado Juan Cabandié, argumentó su rechazo al proyecto como hicieron el año pasado porque “los cambios no fueron sustanciales y no cambió el espíritu de la ley que ya votamos en contra” y acusó al gobierno de estar  propiciando “una mayor concentración”.

"Estamos votando algo que es obsoleto porque la esencia de este Gobierno es contraria a lo que dice la ley”, sostuvo el diputado del bloque del FPV-PJ. 

El proyecto sancionado este mediodía por la Cámara de Diputados apunta a aplicar penas a los responsables de la monopolización de precios y dar amparo a quienes los denuncien estas prácticas de abuso dominante.

En este sentido, el dictamen prohíbe “todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado” y contempla sanciones a quienes realicen “dichos actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder como consecuencia de los mismos”.

Los castigos van desde el cese de las conductas hasta las multas con criterios que tendrán en cuenta el volumen de negocios y la gravedad de la infracción cometida, mientras que la sanción más grave es la suspensión del registro nacional de proveedores del Estado.

Esta modificación también crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo autárquico, descentralizado, encargado de ejercitar el control y establecer las sanciones y 
 el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, con cinco miembros y dos secretarías: la de Conducta Anticompetitiva y la de Concentraciones Económicas.

Entre otros puntos modificados por el Senado y ahora avalados por Diputados, se incluye el que establece la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia que, según el texto aprobado, debe tener acuerdo del Senado.

El proyecto original establecía que, si en sesenta días la Cámara alta no se expedía, quedaban firmes los postulados por el Poder Ejecutivo.

Otro de los cambios que se introdujo es eliminar del artículo 33 la creación de una tasa que debían pagar quienes iniciaran trámites en el Tribunal.

En tanto, el Senado incorporó también en el texto un “régimen de clemencia”, que prevé la reducción de multas a empresas que brinden información que permita detectar casos de cartelización, una suerte de figura de “arrepentido” adaptada a este ámbito.