La Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos en el marco de una causa que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales, que apuntan al Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada para que las víctimas acusen amenazas de los dirigentes piqueteros.

A partir de diciembre de 2023, apenas comenzó el gobierno de Javier Milei, el Gobierno invitó a denunciar a las organizaciones piqueteras que habrían incurrido en esas practicas ilícitas.

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, que están a cargo de la investigación, obtuvieron informes y expedientes administrativos provenientes de compañías telefónicas, del Ministerio de Capital Humano de la Nación, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la AFIP. 

Además, cuentan con las capturas los chats, incorporados en la causa como prueba, donde se muestran las presuntas amenazas y extorsiones. Todo ellos fue usado de base para ordenar los 27 allanamientos informados este lunes.

Según la reconstrucción del caso, los damnificados son personas en situación de alta vulnerabilidad social, y dicha exigencia se hacía bajo diversos conceptos como “cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”. O para cobrarles por la entrega de alimento, pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional, u obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional, quedándose los acusados con la ganancia, y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen, e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales”.

“Bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería", determinaron las autoridades.

Los supuestos extorsionadores implementaron un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones” (al comienzo y al final), la confección de “listas de castigados”, que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tareas, la imposición de multas por faltar a una “marcha”, de hasta $10.000 por cada ausencia, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos, turnos médicos, trámites, etc., y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos, por plazos determinados, según cada “incumplimiento”, entre otros mecanismos.

Se desprende de las pesquisas, que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados.

El Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.

Entre los acusados figuran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL) que administraban comedores populares.

De acuerdo a la instrucción del caso, se encuentran reunidos los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar los 27 allanamientos.