Un nuevo round parece estar cerca de comenzar entre el gobierno nacional y la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, luego de que se anunciaran nuevas medidas para controlar las exportaciones de carnes, granos y productos lácteos, con miras a reducir lo que desde los funcionarios se ve como un incentivo a los aumentos de precios que vienen registrándose en los últimos meses en el mercado interno. El último antecedente de conflicto fue un cese de comercialización de granos durante tres días en enero, en contra de restricciones dispuestas a las exportaciones de maíz.

La semana pasada, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, anunció la reposición del registro de exportaciones (ROEs) de carne para controlar los envíos al exterior, que en los últimos tiempos vienen batiendo récords históricos, a la vez que en el mercado interno los precios siguen aumentando y empujan hacia arriba el índice de inflación de los alimentos. La novedad esta vez es que el registro se llamará Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carme (DJEC)e incluirá a varios tipos de carne, es decir vacuna, ovina, porcina, caprina y equina.

Justamente, las medidas para limitar las exportaciones de carne son el recurso al que puede apelar el gobierno si considera que hay comportamientos especulativos en el mercado local.

 

 

De hecho la Jefatura de Gabinete emitió un comunicado defendiendo el nuevo registro de exportaciones de carne. "El objetivo es generar mayor transparencia y trazabilidad y evitar prácticas ilegales y especulativas", señalaron.

Días después, más precisamente el lunes, el Ministerio de Agricultura de la Nación publicó en el Boletín Oficial la resolución 60/2021, mediante la cual se establecieron más exigencias para poder exportar carne, granos y lácteos. La aplicación de la medida estará a cargo del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA).

El sector evalúa un plan de acción

Como ocurre cada vez que un gobierno adopta decisiones que van en contra de la rentabilidad del sector agroganadero, representantes de las distintas entidades rurales, además de plantear su disconformidad, se reúnen para evaluar un plan de acción que incluya diverras formas de protesta.

"Detrás de estas medidas se esconde una visión equivocada. La causa de la inflación, incluido el aumento de los precios de los alimentos, es el exceso de emisión monetaria como consecuencia de un gasto público galopante y de baja calidad, producto a su vez de un Estado sobredimensionado e ineficaz", sostuvo la Mesa de Enlace, en un comunicado difundido hoy.

En esa misma línea, agregó que "seguir generando más burocracia innecesaria con registros e instrumentos ya fracasados es lo contrario a la necesidad de generar expectativas positivas sobre la producción y la inversión".

 

 

El nucleamiento que integran la Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro aseguró que antes de conocerse las últimas medidas ha pedido reuniones con los ministros de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán, sin respuesta hasta el momento.

La Mesa de Enlace está integrada por los presidentes de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; de Coninagro, Carlos Iannizzotto, y de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni.

La situación planteada "demuestra que no existe un compromiso real de diálogo ni tampoco se busca articular consensos por parte del gobierno nacional en pos de generar desarrollo productivo, social y económico", expresó la entidad en su comunicado de hoy. Agregó asimismo que el panorama "nos pone en estado de alerta y abre un tiempo de consulta con nuestras bases, porque rompe con la promesa de diálogo que hicieron las autoridades". Hay escenario de conflicto, una vez más.