El juez federal Ariel Lijo le solicitó al fuero electoral informes sobre los gastos de campaña de Cambiemos para las elecciones presidenciales de 2015. Fue el fiscal Ramiro González, quien investiga si se cometieron delitos para financiar la campaña, el que le solicitó a Lijo esa y otras medidas.

Además el juez libró oficios a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Administración Federal e Ingresos Públicos (AFIP) para que informen sobre empresas que habrían brindado servicios a Cambiemos durante esa campaña. González había pedido que se solicite a la IGJ la composición societaria y otros datos de esas empresas desde 2014 hasta la actualidad y a la AFIP, el levantamiento del secreto fiscal, y que se remita información sobre sus situaciones tributarias y operaciones en las que habrían participado, incluyendo eventuales adquisiciones de bienes registrables.

En la causa se denunció que se habrían pagado sumas millonarias "en negro" para luego ser aplicados a gastos realizados por esa alianza electoral durante 2015. El periodista Juan Amorín, cuyas notas originaron el sumario que instruye Lijo, ya declaró como testigo. Amorín aseguró que tuvo acceso a documentación que hacía referencia a pagos a proveedores de la campaña presidencial que culminó con la elección de Mauricio Macri.

El testigo mencionó también un supuesto intercambio de correos electrónicos ante el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y una de las empresas proveedoras del merchandising con la leyenda "Macri 2015" por una suma millonaria pero que aparecería en la rendición de cuentas por algo más de 600.000 pesos.